La oposición venezolana anunció ayer la realización el 16 de julio de un plebiscito para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para establecer una Asamblea Nacional Constituyente.
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La oposición venezolana anunció ayer la realización el 16 de julio de un plebiscito para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para establecer una Asamblea Nacional Constituyente.
Borges señaló que la iniciativa será solicitada al Parlamento para que sea el que oficialmente convoque a la consulta popular.
"Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro", señaló el presidente del Parlamento -de mayoría opositora- Julio Borges, en un acto con sectores de la sociedad civil celebrado en el teatro de Chacao, este de Caracas.
El jefe legislativo señaló que se preguntará además a los venezolanos el rol que demandan "a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional".
Una tercera pregunta de la consulta será para que "sea el pueblo el que decida si convoca o respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución", según la iniciativa leída por Borges.
"Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de este proceso activando una fase superior de lucha", subrayó el jefe parlamentario opositor.
Borges señaló que la iniciativa será solicitada al Parlamento para que sea el que oficialmente convoque a la consulta popular, pero no precisó la forma en que se realizará operativamente un plebiscito sin participación del poder electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno nacional.
"El proceso será manual, pero luego vamos a definir el procedimiento. Estamos entrando a la hora cero", advirtió el líder opositor Henrique Capriles, al destacar que la oposición "está echando todo" antes del 30 de julio, cuando el poder electoral convocó a la elección de los asambleístas de la Constituyente.
Capriles aseguró que la consulta popular se realizará en paralelo a una escalada de las protestas que realiza la oposición desde el 1 de abril, y que dejan hasta ahora un saldo de 83 muertos.
"Esto es complementario a nuestra lucha", subrayó.
La dirigente opositora María Corina Machado precisó que la oposición instalará unos 1.600 sitios de recolección de votos para la consulta popular en Venezuela y 108 en el exterior.
Maduro insiste
Maduro se reunió ayer con los postulantes a constituyentes en la céntrica plaza Bolívar, y pidió “el mayor nivel de libertad, de unión”, en tanto puso a disposición de los aspirantes a la Asamblea los medios estatales, para darles “la oportunidad máxima a todos los candidatos y candidatas”.
“Los he convocado para la paz y para que activemos el poder originario, y Constituyente habrá el 30 de julio. La Asamblea debe atender como tema principal la especulación y el bachaqueo (el contrabando y la venta ilegal de productos básicos)”, afirmó el mandatario.
Resaltó que a los jóvenes, el Ejecutivo “no les da una bomba, un arma, sino libros” y reclamó “un gran diálogo nacional con todos los sectores del país” para lograr “un país de iguales”, e instó a lograr debates en busca de “la transformación de la economía venezolana, la derrota de agentes que promueven la violencia y el fortalecimiento del sistema de misiones y grandes misiones”, consignaron diarios caraqueños.
Volvió a cargar contra la oposición, al calificar de “golpe de Estado” la sesión de ayer de la Asamblea Nacional, en la que se ratificó la designación de Rafael González como vicefiscal de la República, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia lo destituyera de manera ilegítima.
A ese debate asistió la fiscal general, Ortega Díaz, quien redobló su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo al llamar a la población a cumplir con el deber de restablecer pacíficamente la constitucionalidad del país caribeño “amenazado” por las instituciones al servicio del Gobierno.
Oficialismo volvió a atacar a la Fiscal
El oficialismo venezolano dio ayer un nuevo paso en su ofensiva contra la fiscal general, Luisa Ortega, que enfrenta ahora una auditoría por presuntas irregularidades administrativas.
La inspección al Ministerio Público fue anunciada por el contralor general, de línea oficialista, Manuel Galindo, en momentos en que la fiscal asistía a una sesión en el Parlamento de mayoría opositora.
En una declaración pública, Galindo dijo que su despacho inició una “actuación de control fiscal” para evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados por la Fiscalía durante la gestión de Ortega, iniciada en 2008.
La fiscal denunció ante el Legislativo “atropellos” por parte de los delegados de la Contraloría, que irrumpieron desde temprano en las sedes del organismo en distintos lugares del país.
Ortega tildó esas diligencias de “guarimba”, como el gobierno llama a la violencia que se produce en el marco de protestas opositoras que dejan 89 muertos desde el pasado 1 de abril.
La funcionaria llamó además a superar esa “lógica de ejercito de ocupación”, haciendo un paralelismo entre los operativos de la Contraloría -que vigila la conducta de los funcionarios públicos- y los violentos allanamientos de las fuerzas de seguridad en zonas residenciales.