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MÓVILES. CON FONDOS PÚBLICOS SE COMPRABA COMBUSTIBLE QUE SE DESTINABA, AL PARECER, A VEHÍCULOS QUE NO FUNCIONABAN.
Un presunto nuevo hecho de corrupción podría salpicar a funcionarios policiales que se desempeñaban en la fuerza provincial en el 2015, estando comprometido, aparentemente, el jefe de Transporte, comisario inspector Lucio Valdiviezo.
Además del jefe policial estarían siendo investigados funcionarios de la Dirección de Administración de la Policía jujeña.
Una auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas de la Provincia habría verificado que en ese período se adquirió combustibles, repuestos, lubricantes y se pagó primas de seguros para la cobertura de daños y perjuicios que pudieran producir vehículos de la repartición.
De acuerdo a la auditoría contable llevada a cabo por el organismo de control, se señala que en los "estudios de comprobantes de gastos de las informaciones mensuales por el segundo semestre del ejercicio 2015 se observa con alto grado de probabilidades la existencia de un perjuicio patrimonial".
La auditoria se encuentra firmada y elevada por el contador René Barrionuevo con fecha 24 de junio del año en curso al Ministerio Público de la Acusación, a la Oficina Antocorrupción y al Ministerio de Seguridad de la Provincia.
La Resolución n° 1581-s/II-2017 establece que la mencionada auditoría deja en claro que "las situaciones irregulares señaladas no pudieron serle desconocidas a Valdiviezo y su responsabilidad en ellas es evidente, sea por acción en la generación del hecho o por omisión en su detección, tanto más inexplicable dado que se trató de acciones defraudatorias numerosas, diversas y sostenidas en el tiempo"
Modus operandi
En el período mencionado se adquiría combustible destinado a vehículos que se encontraban fuera de servicio, o bien no formaban parte del parque automotor, o se adquiría un combustible no compatible con el motor del rodado, supuestamente.
Del mismo modo se compraba lubricante, no habiendo constancia de que el mismo se haya utilizado en móviles policiales, es decir que se desconoce el destino de la adquisición, según la auditoría.
También el pago de seguros de los rodados que están destruidos o son inexistentes, como la compra y colocación de repuestos para automotores que estaban fuera de servicio y que continúan en esa situación pese a la supuesta reparación realizada.
A la luz de todo lo constatado, según el Tribunal de Cuentas, aparece un ingente daño al patrimonio público y también la configuración de procederes de características defraudatorias. Para la adquisición de estos insumos, productos y elementos se usaron fondos públicos, sin beneficiar al Estado, señala también.