El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quedó envuelto ayer en un gran escándalo, luego de que la empresa que suministró la tecnología para la elección de su Constituyente asegurara que el resultado fue "manipulado".
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quedó envuelto ayer en un gran escándalo, luego de que la empresa que suministró la tecnología para la elección de su Constituyente asegurara que el resultado fue "manipulado".
La revelación ocurrió pocas horas antes de que Maduro juramente a los 545 asambleístas de la Constituyente elegidos el domingo y que comenzarán funciones este jueves, entre protestas convocadas por la oposición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de oficialista, aseguró que en la votación participaron más de ocho millones de personas, pero el presidente de la compañía SmartMatic, Antonio Múgica, declaró en Londres que "sin lugar a dudas" hubo "manipulación" de los resultados.
"Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", dijo Múgica, cuya empresa dio soporte a comicios venezolanos entre 2004 y 2015.
En un pronunciamiento ante la prensa, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, rechazó la acusación: "Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamentos en la data que maneja exclusivamente".
La oposición sostiene que apenas unos 3,5 millones votaron, por lo que es el "mayor fraude en la historia" del país. "Es un terremoto a nivel mundial", dijo Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, que pidió a la Fiscalía investigar el "fraude".
El escándalo estalló en medio del rechazo de la oposición y de la comunidad internacional a la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido y reformará la Carta Magna de 1999, impulsada por el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la economía y la paz en este país en severa crisis económica y convulsionado por protestas opositoras que dejan unos 125 muertos desde que iniciaron.
Unión Europea en contra
Los países de la Unión Europea (UE) dijeron ayer que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad, y advirtieron de que “intensificarán” su respuesta si se siguen “socavando” los principios democráticos en ese país.
La UE y sus Estados miembros “no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad”, señaló la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado en nombre de los Veintiocho.
En esa nota, los países de la UE pidieron a Maduro que tome “medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos” y señalaron que “están dispuestos a intensificar su respuesta en caso de que los principios democráticos se sigan minando y la Constitución venezolana no sea respetada”.
En particular, llamaron a “suspender” la instalación de la Constituyente -cuya misión será modificar la Carta Magna- prevista para este jueves en el Palacio Federal Legislativo, donde ahora opera el Parlamento, de mayoría opositora.
“Las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser reconocidas explícitamente”, agregaron los países.
Por otra parte, los países de la UE insistieron en pedir “la liberación de todos los oponentes políticos encarcelados” y mostraron preocupación por la situación de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.
El Parlamento pide una “auditoria del fraude”
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, resolvió ayer que solicitará a la empresa Smarmatic, encargada del recuento de votos, “una auditoría del fraude” en la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del último domingo, y anunció que creó una comisión para investigar lo ocurrido.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) decidió también pedir a la Fiscalía una investigación penal sobre lo ocurrido, para establecer las responsabilidades de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a todas las autoridades implicadas, según la cuenta de Twitter del Legislativo.
El consejero delegado de Smartmatic, Antonio Múgica, denunció ayer en una rueda de prensa en Londres que hubo “manipulación” del dato de participación en las elecciones a la ANC, celebradas el pasado domingo.
La oposición venezolana no participó en el proceso al no haber sido sometido previamente a un referendo de aprobación y por considerarlo un intento del presidente Nicolás Maduro de “consolidar la dictadura” que, a su juicio, ya existe de facto en el país caribeño.
La Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida el pasado domingo con el apoyo único del oficialismo recibió el martes el rechazo del Parlamentode mayoría opositora, y de tres diputados chavistas que decidieron dar la espalda al presidente, Nicolás Maduro, por la forma en la que intenta reordenar el Estado.
El Parlamento hizo una sesión especial en la que aprobó un acuerdo en rechazo a la consolidación de la Constituyente que Maduro impulsó como una estructura que tiene poder plenipotenciario, que “nadie está por encima de ella” y que, además de servir para cambiar la Carta Magna, “depurará” instituciones como la Cámara.
Convocan a marcha opositora
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó ayer la convocatoria para la jornada de hoy a una marcha contra la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el pasado domingo entre protestas ciudadanas y con un masivo rechazo de la comunidad internacional.
“La Unidad Democrática ratifica Movilización contra instalación de fraude cosntituyente para este jueves 3 de agosto. ¡A defender la Constitución!”, anunció en Twitter la MUD, que lleva organizados varios actos de desobediencia civil contra una Constituyente a la que ve como un intento de “consolidar la dictadura” del chavismo gobernante.
La manifestación estaba prevista para la jornada de ayer en un primer momento, y se espera que coincida con la instalación de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, según el calendario anunciado por medios estatales, pero no confirmado por las autoridades.
La Constituyente va a instalarse en la sede del actual Parlamento, de mayoría absoluta opositora y contra el que, según el presidente Nicolás Maduro y algunos miembros de la Asamblea elegida el domingo, tomará medidas este órgano plenipotenciario puesto en marcha para cambiar la Carta Magna y reordenar el Estado.
Mientras se acercaba la asunción de los asambleístas, el actual Parlamento siguió trabajando en la sede legislativa alerta ante un posible desalojo.
Ya son cuatro los magistrados refugiados en embajada
Una jueza venezolana ingresó ayer en busca de protección a la embajada de Chile en Caracas, con lo que suman cuatro los magistrados refugiados en esa representación diplomática en la última semana, informó el canciller chileno, Heraldo Muñoz.
“Hoy ingresó a embajada en Caracas la abogada Zuleima Del Valle Gonzales y está bajo protección de Chile. Logística copada, pero compromiso incólume”, escribió Muñoz en su cuenta en Twitter, en la que pidió solidaridad a otras “embajadas amigas”.
La letrada es uno de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela juramentados el 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN, Congreso), de mayoría opositora, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro desconoce.
Del Valle se une a sus colegas Beatriz Ruiz y José Fernando Núñez, que ingresaron el martes a la representación chilena y a Elenis Del Valle Rodríguez, que lo hizo el sábado.
Por otro lado, en la misma embajada se encuentra refugiado desde comienzos de abril el dirigente opositor Roberto Enríquez, quien es el presidente del opositor Partido Social Cristiano (Copei) y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América.
“Esperamos respuestas del gobierno (venezolano) e igual solidaridad de otras embajadas amigas. Todo conflicto tiene, en algún momento, negociación política”, agregó el canciller chileno.
Al frente de la embajada de Chile en Caracas se encuentra desde 2014 el ingeniero Pedro Felipe Ramírez, quien fue ministro de las carteras de Minería y Vivienda en el gobierno del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
El 21 de julio la AN designó y tomó juramento a 13 jueces titulares y 20 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para reemplazar a los que, en su opinión irregularmente, fueron nominados en diciembre de 2015 por la mayoría chavista saliente del parlamento.