Juez pide unificar las causas contra la constructora brasileña

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los que investiga el supuesto pago de coimas en las obras de soterramiento del tren Sarmiento, le pidió ayer a sus pares Sebastián Casanello y Daniel Rafecas que le remitan otros casos que involucran a la firma Odebrecht para que todo se concentre en su juzgado.

Ante Martínez de Giorgi, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió que él concentre todas las causas que tramitan en nuestro país sobre el escándalo Odebrecht por el presunto pago de sobornos, luego de que la empresa reconociera haber pagado 35 millones de dólares.

Tras ese pedido, el magistrado hizo el reclamo a sus dos colegas para que le remitan sus investigaciones.

"Se advierte la necesidad de dar un trámite conjunto de los tres expedientes con el fin lograr un análisis global a las distintas maniobras investigadas respecto de los procesos de licitación y adjudicación en cuestión", sostuvo el juez.

Martínez de Giorgi investiga el supuesto pago de sobornos de la brasileña que formó parte de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para realizar el soterramiento del tren Sarmiento, y se sospecha que "valijeros" que son arrepentidos en aquel país fueron los encargados de los pagos.

Por su parte, Rafecas sigue el presunto pago de sobreprecios y negocios incompatibles con la función pública en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El juez Casanello, en tanto, tiene a cargo el presunto pago de coimas para la refacción de potabilizadoras de AySA, en la localidad de Zárate y Berazategui.

Si Casanello y Rafecas se inhiben de seguir investigando sus respectivos casos de Odebrecht, todo se va a concentrar en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Según el magistrado que hizo el requerimiento, concentrar las causas permitirá "favorecer una buena administración de justicia" porque "los distintos sucesos investigados, aunque con características y aristas propias, se insertan en una maniobra integral y conectada entre sí". En su causa, Casanello ya había llamado a indagatoria a 22 personas.

 

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