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Destituyen a una jueza por vender adopciones

Además decretaron la inhabilitación para ocupar cualquier cargo judicial.

Jueves, 21 de septiembre de 2017 17:06

La jueza Alejandra Claudia Velázquez, extitular del Juzgado de Familia Número Uno de Pilar, fue destituida de su cargo tras el Jury de enjuiciamiento que se le inició acusada, entre otras cosas de "intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer".

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La jueza Alejandra Claudia Velázquez, extitular del Juzgado de Familia Número Uno de Pilar, fue destituida de su cargo tras el Jury de enjuiciamiento que se le inició acusada, entre otras cosas de "intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer".

 

La ahora exjueza además no concurría al juzgado y adulteraba los registros de presentismo cuando viajaba al exterior.

En noviembre del año pasado, la jueza Alejandra Claudia Velázquez había presentado su renuncia ante la Suprema Corte de Justicia, en un intento de evitar el trámite judicial, pero no fue avalada por el Poder Ejecutivo.

 

El fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires fue por unanimidad y además de destituirla también decretaron "la inhabilitación para ocupar cualquier otro cargo judicial".

El proceso en su contra había comenzado la semana pasada y a lo largo de los días prestaron declaración varios testigos y empleados del tribunal de familia donde trabajaba la exmagistrada, que contaron detalles de las maniobras que llevaba adelante Alejandra Velázquez para concretar adopciones, según informó Pilar de Todos.

El jurado estuvo integrado por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; la Senadora Nidia Moirano; los Diputados Carlos Ramiro Gutiérrez; María Elena Torresi; Sandra Paris; Conjueces abogados Jorge Omar Almanza; Andrés Blas Roman; Marcos Darío Vilaplana y Héctor Osvaldo Blanco Kuhne.

La ahora exjueza no sólo no concurría al juzgado o adulteraba los registros de presentismo mientras se encontraba en el exterior, sino que también aparecieron anomalías en varios expedientes de adopción, principalmente en los expedientes de familias adineradas de la localidad de Pilar.

Varios testimonios recolectados en el marco de la investigación, sostienen que a las trabajadoras sociales que se desempeñaban a su cargo en el juzgado les propuso realizar un "trabajo extra" a su labor en el tribunal a efectos de captar niños en situación de adoptabilidad o mujeres embarazadas que desearan dar a sus hijos en adopción, y directamente las instaba a que salieran a "buscar panzas".

A su vez la magistrada, no habría sido la autora de la mayoría de sus resoluciones, según publica un matutino porteño, ya que en muchas de las oportunidades en las que aparecía rubricándolas, los registros de migraciones la encontraban en el exterior.