El primer juicio oral y público en la justicia ordinaria que debe afrontar la dirigente social Milagro Sala por supuestas “amenazas en concurso real”, que tiene fecha de inicio mañana miércoles en la Sala Segunda del viejo Palacio de Tribunales, de momento debe resolverse un planteo de suspensión de juicio a prueba, elevado por el grupo de defensa de la dirigente.
inicia sesión o regístrate.
El primer juicio oral y público en la justicia ordinaria que debe afrontar la dirigente social Milagro Sala por supuestas “amenazas en concurso real”, que tiene fecha de inicio mañana miércoles en la Sala Segunda del viejo Palacio de Tribunales, de momento debe resolverse un planteo de suspensión de juicio a prueba, elevado por el grupo de defensa de la dirigente.
Este planteo fue realizado el viernes último y dado el inminente inicio del juicio, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 ordenó su inmediata sustanciación, con traslado al fiscal de Cámara Darío Osinaga Gallacher (habilitado) y al abogado de la querella Ricardo Arese Ottaviano.
El Tribunal ya había rechazado el jueves último un planteo de nulidad absoluta en contra de su resolución, dictada el 3 de agosto. El planteo de la defensa de Sala, atacaba la decisión de los magistrados en cuanto convalidó las pretensiones formuladas por el fiscal y la querella en la audiencia preliminar, realizada conforme al artículo 390 del Código Procesal Penal, al confirmar la producción de prueba anterior a la misma.
Por tanto el viernes pasado el Tribunal desestimó otro recurso, de reposición, presentado por los abogados defensores, esta vez en contra de la resolución de fecha 17 de agosto, en la cual se fijó audiencia de debate.
Los jueces que integran el Tribunal enjuiciador, Antonio LLermanos (presidente de trámite), Luis Kamada y Mario Puig (habilitado), enfatizaron que “no resulta aventurado sostener y dejar establecido que el mismo se muestra dilatorio en orden al fondo de la cuestión y a la vez obstructivo, al pretender la suspensión de la audiencia de debate ya programada, acontecimiento que acarrearía una dilación sustancial con un desgaste jurisdiccional inútil, que no favorece a ninguna de las partes, en perjuicio de la correcta administración de justicia”.