Luego de que la sociedad jujeña tomara conocimiento de una denuncia que realizó Marta Uño Choquevilca, una mujer que vive en el asentamiento del Aero Club del barrio Alto Comedero y puso en manifiesto una delicada situación donde involucró a un hombre que dice llamarse "referente" de los vecinos de ese sector, "Beto" Gramajo y a otra persona que usurpó el terreno, lo deshabitó y ahora vive allí junto a sus seis hijos y su esposo.
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Luego de que la sociedad jujeña tomara conocimiento de una denuncia que realizó Marta Uño Choquevilca, una mujer que vive en el asentamiento del Aero Club del barrio Alto Comedero y puso en manifiesto una delicada situación donde involucró a un hombre que dice llamarse "referente" de los vecinos de ese sector, "Beto" Gramajo y a otra persona que usurpó el terreno, lo deshabitó y ahora vive allí junto a sus seis hijos y su esposo.
"Vengo a desmentir lo que manifestó la señora Uño Choquevilca. Invocó mi nombre manifestando que yo la amenacé y que le pedí dinero por ese terreno y no es así", dijo Gramajo, quien llegó a nuestro diario con una copia de la publicación y con otro hombre de apellido Puca.
Carlos Puca dijo ser padre de un joven que "por cuestiones de trabajo" no puede vivir en ese terreno y que de repente "esta mujer se fue a meter y ahora no quiere salir".
"Niego que la haya amenazado, pero ahí estaba mi hijo primero", dijo el hombre visiblemente molesto.
Los entrevistados sin querer dejaron expuesta una situación que debe solucionarse de inmediato y tiene que ver con que todavía hay personas que se dicen llamar referentes de asentamientos, que no están avalados bajo ningún concepto, por el Ministerio de Infraestructura de Tierra y Viviendas. Y por el otro, un caso que refleja lo que está ocurriendo en estos sectores, cuando una persona que usurpó un terreno en su momento, no vive allí y pretende ser remunerado si alguien lo ocupa.
La disputa de un terreno usurpado, que en los hechos a nadie les pertenece, es la punta del peligroso "iceberg" que da cuenta de situaciones que se manejan fuera del Estado provincial, que es quien debe regularlas, pone en una innecesaria disputa a gente que pretende sacar provecho de una venta ilegal y a gente que necesita donde vivir.