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Denunciaron a un fiscal y a un juez del Proceso

La presentación la realizó ante el fiscal federal Nº 1 Sebastián Jure, la hija de una víctima de apremios ilegales.
Sabado, 13 de octubre de 2018 01:04

El pasado martes en horas del mediodía Susana Gabriela Navarro con el patrocinio legal de la letrada Romina Emilce Zarza presentaron una denuncia en contra de un fiscal y un juez que cumplía funciones durante el Proceso de Reorganización nacional.

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El pasado martes en horas del mediodía Susana Gabriela Navarro con el patrocinio legal de la letrada Romina Emilce Zarza presentaron una denuncia en contra de un fiscal y un juez que cumplía funciones durante el Proceso de Reorganización nacional.

De acuerdo a la información a la cual pudo acceder El Tribuno de Jujuy de fuentes judiciales federales en el extenso escrito la mujer acusa a los entonces funcionarios judiciales provinciales de no haber puesto a resguardo la integración física e inclusive la vida de ciudadanos que fueron arbitrariamente detenidos quienes fueron sometidos a vejámenes y torturas e incluso muchos de ellos aún se encuentran desaparecidos.

Responsabilidad compartida

En la presentación Susana Gabriela Navarro responsabiliza a los letrados que miraron para otro lado o no respondieron los cientos de recursos de habeas corpus presentados en resguardo de sus familiares.

El hermetismo con el cual se maneja la causa no permitió que trascendieran los nombres de los magistrados denunciados.

Afirma la denunciante que su padre Hipólito Navarro, ya fallecido, debió soportar torturas y humillaciones de todo tipo cuando fue detenido en agosto del año 1983 y pocos meses antes que se restaurara la democracia en el país.

Estos despreciables personajes jurídica y moralmente son despreciables y la sociedad toda debería conocer de su oscuro pasado que los condena, más allá de que se hayan reciclado y con el apoyo de los políticos hayan podido alcanzar altas dignidades como funcionarios públicos.

También hace referencia a jueces que actualmente cumplen funciones en los tribunales de Formosa, Tucumán y Mendoza, entre otras provincias argentinas, quienes no pueden ejercer justicia después de haber colaborado con el proceso.

 

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