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Un informe detallado del Tribunal de Cuentas de la Provincia que fue elevado a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio Público de la Acusación conteniendo una investigación tendiente a esclarecer el destino de cien millones de pesos de la Policía de la Provincia en el período 2014-2015 estaría a punto de ser elevada a juicio, previa imputación de policías retirados o con licencias y exfuncionarios provinciales involucrados.
Tal como lo informó en exclusiva El Tribuno de Jujuy en su edición del 28 de octubre de 2017, la fiscalía "Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública" a cargo del agente fiscal Aldo Hernán Lozano tuvo a su cargo la investigación relacionada con una supuesta defraudación al Estado provincial por un monto cercano a los cien millones de pesos.
El principal involucrado en este hecho y que fue apartado del cargo sería un comisario inspector que se desempeñaba como jefe del Departamento Logística de la Policía de la Provincia en los años 2014 y 2015 que fue investigado, auditado y denunciado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, ante la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público de la Acusación.
Numerosas imputaciones
Fuentes cercanas a la investigación y en corrillos judiciales informaron a El Tribuno de Jujuy sobre los adelantos en la causa, que llevó más de un año como consecuencia de las innumerables artimañas de las que se habrían valido para defraudar al Estado en una clara maniobra de enriquecimiento personal de los involucrados.
Junto al jefe policial serían imputados varios funcionarios y exfuncionarios policiales y provinciales, además de comerciantes que se habrían prestado a cometer maniobras ilícitas junto con los inescrupulosos policías que disfrazaban las operaciones que posteriormente fueron descubiertas y que salieron a la luz mediante un exhaustivo trabajo realizado por el personal del Tribunal de Cuentas.
Todas las imputaciones podrán ser informadas en menos de un mes en virtud de haber finalizado la etapa investigativa y tener en su poder la justicia las pruebas necesarias para ser elevado a juicio este supuesto acto de corrupción.
Modus operandi
La falta de control por parte de la Dirección General de Administración de la Policía, sumada a la carencia de un soporte informático de última generación habrían favorecido una serie de anormalidades que provocaron un perjuicio económico a la institución de aproximadamente unos cien millones de pesos, hecho en el que se verían involucrados todos los integrantes de la cúpula policial del período 2014-2015.
Los hechos de corrupción estarían centrados en la compra de combustible, respuestos para el parque automotor y el pago de primas de seguros.
En todos los casos se utilizaban para, presuntamente, defraudar al Estado y cometer abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.