En una nueva audiencia por el juicio oral y público que se le sigue a 29 imputados por el faltante de más de 60 millones de pesos, expediente conocido comúnmente como "Pibes Villeros", se presentó a prestar declaración testimonial el intendente de la comuna capitalina Eduardo Jorge.
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En una nueva audiencia por el juicio oral y público que se le sigue a 29 imputados por el faltante de más de 60 millones de pesos, expediente conocido comúnmente como "Pibes Villeros", se presentó a prestar declaración testimonial el intendente de la comuna capitalina Eduardo Jorge.
En una jornada muy calurosa el jefe comunal declaró por más de dos horas ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, junto a otros cinco testigos, incluyendo el fiscal Alejandro Bossatti.
Jorge fue un testigo propuesto desde un principio por la defensa técnica de Emilio Bustos, quien fue hasta el 2015 coordinador general de obras públicas del municipio capitalino, además de primo hermano del intendente.
El abogado Joaquín Campos había manifestado en la audiencia del viernes pasado que iba a desistir de la recepción testimonial del intendente, de los fiscales Alejandro Bossatti y Darío Osinaga, entre otros, pero el Ministerio de la Acusación y la mayoría de los abogados defensores formularon oposición al pedido y el Tribunal decidió su presencia.
Jorge fue muy concreto en su declaración, cuando se le pidió que aclarara respecto de los cheques que ellos tenían que liberar a nombre de algunas cooperativas de trabajo que dependían de la red de organizaciones sociales, y con esa liberación los cooperativistas cobraban un adelanto de dinero, que se estima que rondaba los 14 millones de pesos.
El jefe comunal dio a entender que desde su lugar no se podía hacer más nada que obedecer a lo que ya estaba estipulado de esa forma, es decir que el endosamiento de cheques a nombres de cooperativas era algo que ya estaba impuesto, eran órdenes impartidas desde Nación y cuando Jorge preguntó a algunos funcionarios provinciales, la respuesta fue siempre la misma, esto debía ser así porque sí.
Respecto al control que se debía ejercer respecto de cada inicio de obra de los planes federales denominados ‘Mejor Vivir II‘, dejó en claro que dentro de la Unidad de Ejecución de Obras municipal, era prácticamente imposible poder ingresar a los lugares donde los cooperativistas trabajaban, no se les permitía el ingreso y ellos no podían dejar de autorizar el cobro de cheques, porque la situación se iba a poner mucho más violenta y corrían peligro los funcionarios municipales.
Además declararon el entonces procurador comunal Pablo Read, el fiscal Bossatti y otros tres cooperativistas propuestos por la defensa técnica de Milagro Sala.
15 testigos
Nuestro diario supo que restan 15 testigos de los más de 100 que fueron propuestos. Y se estima que el jueves de la semana próxima se den por acabadas la recepción de pruebas testimoniales y restaría una audiencia para exhibir un video.