El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio oral y público a la expresidente Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo por presunto lavado de dinero en la causa conocida como "Los Sauces".
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El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio oral y público a la expresidente Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo por presunto lavado de dinero en la causa conocida como "Los Sauces".
En la causa se investiga el supuesto lavado de dinero a través del alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La medida incluye a los empresarios, a los hijos de Báez, al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; a Fabián De Sousa y a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, entre otros.
Ercolini recordó que sobre la expresidente y sus hijos pesa la acusación por asociación ilícita pues funcionó entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 "un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial".
La firma Los Sauces había sido constituida originalmente el 7 de mayo de 2006 por Néstor Kirchner y luego su esposa, según el fiscal Gerardo Pollicita, "realizó distintos aportes irrevocables de bienes y dinero a la empresa y por medio de aquella adquirió una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia".
La firma de Lázaro Báez aportó durante ese período un total de 6.851.650,97 de pesos en alquileres, en tanto que Cristóbal López y Fabián De Sousa unos 18.554.725,76 y de manera indirecta -a través de Idea SA de Osvaldo Sanfelice- otros 561.665,57 de pesos, lo que, remarcó el juez, ‘constituyó un 88 por ciento de lo facturado en ese período por Los Sauces SA‘.
Los Sauces, según la acusación, fue utilizada como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y en el caso de Cristóbal López previamente favorecido con los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.
La causa inicialmente estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio quien luego de imponer los procesamientos de Cristina Kirchner y sus hijos, se declaró incompetente y giró el expediente a su par Ercolini por conexidad.
Es que Ercolini viene investigando la causa Hotesur.
Fuerte interna en el Gobierno: Carrió cruzó a Garavano
“No puede ser nunca bueno para un país” que un exjefe de Estado “esté detenido o se pida su detención”, dijo Garavano.
El pedido de desafuero de la senadora nacional Cristina Kirchner despertó ayer diferencias en el oficialismo y reavivó la interna entre Elisa Carrió y Germán Garavano, luego de que el ministro de Justicia considerara que “no puede ser bueno” que un expresidente esté preso.
El debate sobre la situación judicial comenzó el martes, cuando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confirmó que “Cambiemos tiene tomada la decisión de pedir el tratamiento” en el recinto del pedido de desafuero de la exmandataria nacional tras la sanción del Presupuesto 2019.
Al ser consultado sobre esa situación, el ministro de Justicia evaluó que “no puede ser nunca bueno para un país” que un exjefe de Estado “esté detenido o se pida su detención”.
“Nunca es bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención. Por el hecho en sí y porque en principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue o entorpezca el accionar de la Justicia”, subrayó Garavano en declaraciones a radio El Destape.
Sus dichos despertaron la rápida respuesta de la líder de la Coalición Cívica, que lo amenazó con iniciarle un “juicio político”.
“Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de (Carlos) Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político”, enfatizó la diputada nacional en su cuenta de la red social Twitter.
Carrió y Garavano mantienen un enfrentamiento que en los últimos meses tuvo su pico máximo de tensión cuando la legisladora hizo renunciar a una abogada de la UFI Amia por estar en desacuerdo con la estrategia del Ministerio de Justicia en el juicio por encubrimiento del atentado a la Amia.
La expresidente tiene pendiente en el Senado un pedido de desafuero y detención que el juez federal Claudio Bonadio hizo el año pasado en el marco de la causa en la que se la investiga por supuesto encubrimiento de Irán en el ataque a la Amia, a partir de la firma del Memorándum de entendimiento con ese país.
En el medio se mezclan las eventuales aspiraciones de Cristina Kirchner en las elecciones de 2019 y la futura estrategia del Gobierno.