En el salón "Marcos Paz" de la Legislatura jujeña se presentó la Ley nacional 23.372 de Protección, Derechos y Garantías de la Víctimas de Delitos, solicitándose la adhesión provincial.
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En el salón "Marcos Paz" de la Legislatura jujeña se presentó la Ley nacional 23.372 de Protección, Derechos y Garantías de la Víctimas de Delitos, solicitándose la adhesión provincial.
“Mi papá recién se jubilaba cuando mataron a mi hermano, y murió sentado en un sillón mirando el cuadro de su hijo”, dijo Cabezas.
La presentación estuvo a cargo de Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas asesinado en enero de 1997 en General Madariaga (La Plata); Roberto Almeyda, esposo de Ana María Domínguez, asesinada en el 2000 en Luján, y María Esther Radiminski, madre de Alex Ayala, joven asesinado en 2012 en el partido bonaerense de Lanús.
La Ley 23.372 fue sancionada en junio del año pasado tras la incansable lucha por parte de familiares de víctimas de delitos, que a pesar de haber soportado la pérdida de un ser querido en una situación traumática y violenta, se valieron de fuerzas para diseñar un proyecto que permitiera a todas las personas que vivieron la misma situación, poder sobrellevarla.
La citada Ley promueve, entre otras cosas, el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas y familiares de víctimas de delitos y así puedan seguir de cerca las causas judiciales. Además, se establecen Centros de Protección y Asistencia (Cenavid) que deben funcionar las 24 horas con un cuerpo interdisciplinarios de profesionales.
Otro de los puntos que estipula es que obliga al Poder Judicial a notificar sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados de delitos.
La diputada nacional Alejandra Martínez fue una de las impulsoras para que este proyecto fuera sancionado. "Esta ley tiene en cuenta el derecho de las víctimas a ser escuchadas, el derecho a protección, el derecho a que puedan ser parte del proceso penal. Era necesario que se cumplimente el derecho a darle la asistencia judicial correspondiente".
Además en la mesa disertante estuvo el director del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAV), dependiente del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Valdecantos, quien expuso cómo se trabaja en la provincia respecto a la recepción de denuncias y seguimiento tanto jurídico como psicológico a víctimas que carecen de recursos para ser representadas legalmente o ser contenidas profesionalmente.
"Celebramos que en nuestra provincia el Ministerio Público de la Acusación tenga un Centro de Asistencia a la Víctima y la idea es que se pueda trabajar en forma conjunta con esta ley, para brindar los mismos derechos que tienen las personas imputadas en causas judiciales, a las víctimas y familiares de víctimas", dijo la diputada.
Amarga experiencia
Gladys Cabezas era una docente, madre e hija que como tantas personas tuvo que dejar su vida cotidiana para inmiscuirse en el plexo judicial y seguir de cerca la investigación que llevó a detener a los autores del crimen "por encargo" que sufrió su hermano, el reportero gráfico de la Revista Noticias, José Luis Cabezas, en enero de 1997. "Ustedes no saben lo duro que es todo ésto. Nosotros tenemos un marido o una esposa, un trabajo, hijos, y tuvimos que dejar todo eso de lado para caminar los pasillos de Fiscalías y de Tribunales. Caminamos desorientados, sin saber muy bien qué puerta tocar. Por eso es muy reconfortante la promulgación de esta ley, para que las nuevas víctimas no tengan que pasar por todo lo que pasamos, en plena etapa de duelo", dijo la mujer.
"Cuando asesinaron a mi hermano se hizo todo mal en la escena del crimen. Se contaminó el lugar con huellas de calzados, los policías que hacían guardia allí tiraban colillas de cigarrillos. Ustedes sabrán que los primeros momentos del hecho son cruciales. Todo ese mundo nuevo nosotros tuvimos que aprenderlo sobre la marcha‘, dijo Cabezas.
"Cuando una persona es detenida e imputada por algún delito, el Estado le provee un abogado defensor si es necesario, y las víctimas se tienen que manejar con un fiscal. Mi experiencia con los fiscales fue pésima. Teníamos que estar los familiares, buscando pruebas porque al parecer nadie quería investigar. Me pregunto: ¿por qué los familiares que quedamos destruidos por la pérdida tenemos que salir buscar pruebas?".
"También le decía al cuadro de José Luis: ¿Por qué te fuiste a Pinamar? ¿Por qué te fuiste a trabajar?", agregó.
"Mi madre era ama de casa y murió en 2017 internada en un geriátrico, sin reconocerme a veces", dijo Gladys.