El gobierno venezolano enfrenta el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue "asesinado".
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El gobierno venezolano enfrenta el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue "asesinado".
El cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, fue llevado a la sede del Parlamento -de mayoría opositora- para su velatorio.
Cubierto con una bandera de Venezuela, el féretro permaneció en los jardines del edificio, en el centro de Caracas, rodeado de políticos y allegados.
Antes del arribo de la carroza fúnebre, varios diputados insistieron en que el hecho, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la capital, no fue un suicidio sino un crimen del gobierno.
Enfatizando que el Estado tenía la "obligación de garantizar" la integridad de Albán, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una "investigación transparente" sobre su muerte.
Existen ‘informes contradictorios sobre lo ocurrido", declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.
Agregó, además, que en la Oficina del Alto Comisionado están "preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana".
El concejal había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.
Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez". Esperaba para ser trasladado a los tribunales, dijo el gobierno.
Saab prometió una "investigación exhaustiva" para esclarecer las circunstancias.
"Asesinos!", escribió en Twitter el diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia, partido de Fernando Albán.
Borges también fue vinculado por el gobierno al presunto atentado y está exiliado en Colombia.
Según el parlamentario, el cuerpo de Albán "fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin".
El presidente Nicolás Maduro no se ha referido al tema.
Para la Unión Europea, “es una muerte sospechosa”
La Unión Europea (UE) se sumó a las exigencias de una “investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte”, la segunda de un opositor preso en el último año.
“Esperamos que el gobierno venezolano respete los derechos humanos de todos los detenidos”, indicó en un comunicado la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que urge también a la liberación de “todos los presos políticos”.
En tanto, la embajada de Estados Unidos en Venezuela afirmó que la de Albán es una muerte “sospechosa” y constituye una violación de los derechos humanos porque el dirigente estaba bajo custodia estatal.
La Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, también planteó dudas sobre la versión del suicidio.
“Hasta ayer (domingo) se conoció que estaba sereno y tranquilo.
Inclusive, envió directrices a su equipo para que se mantuviese trabajando en favor de los pobres”, subrayó en un comunicado la Arquidiócesis, fuerte crítica del gobierno.
El abogado de Albán, Joel García, dijo a periodistas que no pueden afirmar ni negar que se tratara de un suicidio.
El concejal del municipio Libertador, de Caracas, formaba parte de la treintena de detenidos por el presunto ataque contra Maduro, que dejó siete uniformados heridos.
El mandatario denuncia ese hecho como un “magnicidio en grado de frustración” y responsabiliza como autores intelectuales a Borges y al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.
La muerte de Albán se suma a la del también concejal de Primero Justicia Carlos García, quien falleció en septiembre de 2017 por un accidente cardiovascular tras diez meses de detención en los calabozos del Sebin en Guasdualito, estado Apure. El partido denunció en aquel momento que le negaron la atención médica.