El gobierno nacional giró en la jornada de ayer al Congreso un proyecto de ley que agrava las penas de prisión a los barras bravas que cometen hechos de violencia en los estadios de fútbol, y tipifica como delito que los dirigentes de los clubes puedan entregar entradas a estos grupos violentos.
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El gobierno nacional giró en la jornada de ayer al Congreso un proyecto de ley que agrava las penas de prisión a los barras bravas que cometen hechos de violencia en los estadios de fútbol, y tipifica como delito que los dirigentes de los clubes puedan entregar entradas a estos grupos violentos.
En ese sentido, el proyecto señala que se impondrán penas de dos a cuatro años a los dirigentes, organizadores, o responsables de los eventos deportivos, que entreguen entradas a los barras bravas en forma gratuita.
Otro punto clave del proyecto es que el derecho de admisión no será efectuado por los clubes sino que será desempeñado por el Ministerio de Seguridad.
Al respecto señala la norma que Seguridad podrá "prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona cuando por razonables pautas objetivas y debidamente fundadas considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública".
La iniciativa que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados será incorporada al temario de Extraordinarias, ya que el Gobierno aspira a que sea sancionado en la sesión que se realizará el próximo jueves 6 de diciembre, tras los graves incidentes ocurridos el fin de semana pasado afuera del Estadio Monumental, en ocasión del súper clásico entre River y Boca, que iban a jugar la final de la Copa Libertadores.
El proyecto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Justicia Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a erradicar el accionar violento de "barras bravas", y a penalizar a los dirigentes que financian a esos grupos.
Otro punto central del proyecto presentado es que tipifica la conducta de los barras y establece que "se impondrá prisión de cuatro a diez años al que integre un grupo de tres o más personas que "esté destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos" en los estadios de fútbol.
Agrega que a "los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos" la pena mínima será de seis años.
La iniciativa también se condena con un año de prisión la venta irregular de entradas, pero esta pena se eleva al doble si se realiza en las inmediaciones de los estadios de fútbol.
Otras penas
La iniciativa denominada “Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Deportivos” contiene 29 artículos, contempla imponer fuertes penas a la violencia en cualquier partido de fútbol amistoso o profesional organizado por la AFA, la Conmebol o la Fifa.
A lo largo del proyecto se establece que será condenado con prisión de tres a seis años a quien tuviera en su poder, o trate de introducir a un estadio, armas blancas, piedras, botellas, y otros instrumentos contundentes, artefactos químicos o cualquier otro elemento para “ejercer violencia”.
Esta pena se eleva de cuatro a ocho años cuando una persona tuviera en su poder productos asfixiantes o tóxicos.
Otro punto central de la iniciativa es que se penalizará con seis meses a tres años de prisión a las personas o grupos que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos, hacia o desde los estadios, con motivo o en ocasión del espectáculo futbolístico".