Hace unos días atrás la Legislatura de la Provincia convalidó el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, Ministerio de Ambiente de la Provincia, Jemse y la Administración de Parques Nacionales que dejan excluidas 1.000 hectáreas de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, para poder avanzar en la remediación ambiental de los pozos petroleros del Yacimiento Caimancito.
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Hace unos días atrás la Legislatura de la Provincia convalidó el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, Ministerio de Ambiente de la Provincia, Jemse y la Administración de Parques Nacionales que dejan excluidas 1.000 hectáreas de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, para poder avanzar en la remediación ambiental de los pozos petroleros del Yacimiento Caimancito.
Sobre este convenio, hubo diferentes opiniones al respecto. El titular de Jemse, Carlos Oehler, indicó que el convenio fue logrado tras muchas reuniones entre las partes y tiene como objetivo lograr la remediación ambiental definitiva. En tanto los concejales del PTS/FIT de Libertador aprobaron en los últimos días una Declaración en la que piden a la Provincia la derogación del convenio por considerar que sienta un precedente para el avance sobre tierras protegidas. Desde Greenpeace celebraron el inicio de la remediación definitiva y se oponen a la desafectación de las tierras.
Ante esta postura el titular de Jemse explicó los alcances del convenio. Señaló que cuando Petroape, la última empresa que explotó el yacimiento, se fue del país, ante el riesgo de que ese yacimiento quede sin atención el Gobierno decidió encomendarle a Jemse la administración con el objetivo de garantizar que no se ponga en riesgo lo que se había logrado en materia de contención de los focos de contaminación.
"Jemse se hizo cargo de la administración e incorporó como equipo técnico el staff de personas que venían trabajando desde hace mucho tiempo en el yacimiento. Son 16 trabajadores a los que se les garantizó la continuidad laboral en el marco del convenio colectivo de trabajadores del petróleo. Son los que en este momento están operando el yacimiento para evitar que haya algún riesgo, dado que es un yacimiento naturalmente presurizado y si no se continúa con la extracción del petróleo es muy probable que este se derrame por las fisuras que tiene el terreno", explicó Oehler.
"Con recursos que surgen de la extracción y la comercialización del petróleo se hacen mejoras y se genera un fondo que tiene como destino la remediación definitiva", agregó.
Se estima que se necesitará una inversión de entre 2 o 3 millones de dólares por pozo para la remediación definitiva. Al ser 30 pozos en total se requerirá una inversión multimillonaria que ronda entre los 70 y 100 millones de dólares. Si tenemos en cuenta el precio actual del dólar a 36 pesos, serían cerca de 3.600 millones de pesos, indicó el titular de Jemse.
Declaración
El Concejo Deliberante de Libertador General San Martín aprobó una norma que rechaza la desafectación de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua, para la remediación.
Miguel López, concejal del PTS/FIT, señaló que “esta desafectación implica que la zona queda sin el control y fiscalización por parte de los trabajadores del Parque”. Consideró que “al no establecerse plazos ni condiciones para las tareas de remediación del pasivo ambiental producido por la explotación hidrocarburífera, dicho convenio podría sentar un nefasto antecedente al desafectar tierras del Parque y que siga desarrollándose la explotación petrolera que está afectando gravemente no sólo la flora, fauna, napas del lugar sino también a las poblaciones cercanas”.
“Si bien celebramos la decisión de avanzar en la remediación ambiental, advertimos la ilegalidad que implica desafectar para ello 1.000 hectáreas”, dijo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Las tierras serán sustituidas
Sobre la exclusión de 1.000 hectáreas, Oehler dijo que para no entrar en la contradicción de explotar petróleo en tierras de parques nacionales se logró un acuerdo con la Administración de esas reservas naturales para excluir del área del parque la zona del yacimiento. “Esas tierras están siendo sustituidas por otras que la Provincia le está entregando a parques nacionales”, explicó.
En este marco, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, en diálogo con la prensa había explicado que se trata de una situación eventual y coyuntural y que responde a la decisión de la Provincia de garantizar el cumplimiento de la Ley 5889. Subrayó que la APN y la Provincia continuarán haciendo las inspecciones ambientales en el área del yacimiento petrolífero.