Dos comerciantes fueron condenados en los Tribunales de Bahía Blanca a prisión perpetua, acusados de haber violado y asesinado al adolescente Federico Margiotta, de 13 años, durante una fiesta sexual en la ciudad bonaerense de Coronel Pringles en 2002.
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Dos comerciantes fueron condenados en los Tribunales de Bahía Blanca a prisión perpetua, acusados de haber violado y asesinado al adolescente Federico Margiotta, de 13 años, durante una fiesta sexual en la ciudad bonaerense de Coronel Pringles en 2002.
Los imputados, que llegaron al juicio en libertad, no se presentaron en la sala de audiencias y cuando la Policía los fue a buscar a sus casas, ya habían escapado pero ayer por la noche uno de ellos fue detenido, mientras que el otro permanecía prófugo.
La sentencia surgió del segundo juicio oral por el crimen de Margiotta, ya que en 2007 los mismos comerciantes, identificados como Pedro Martínez (51) y Jorge Fabrizio (70), habían sido absueltos en otro debate que fue anulado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense en noviembre de 2017.
El Tribunal Oral en lo Criminal 3, integrado por Eduardo D´Empaire, Hugo De Rosa y Ricardo Gutiérrez, condenó "por mayoría" a Martínez y a Fabrizio a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado criminis causa" y también a este último por "abuso sexual con acceso carnal".
También los jueces dispusieron que los condenados abonen a la familia de la víctima $ 2.300.000 más intereses, en el plazo de 10 días, en concepto de daño material y moral.
Tras culminar la audiencia, la Policía concurrió a las casas de los condenados, pero como no fueron hallados, se comenzaron a revisar las cámaras de seguridad y se estableció que Martínez había salido en la mañana de ayer de Coronel Pringles a bordo de un camión blanco con cabina roja rumbo a Bahía Blanca.
En tanto, fuentes policiales informaron que Fabrizio fue detenido en momentos en que se encontraba en la localidad de Pigüé, luego de haber esquivado un control policial.
"Estaba en un lugar al parecer con la finalidad de cambiar una camioneta en la que se movilizaba por otro vehículo con el fin de continuar con la fuga", agregaron.
Según se indicó, el hombre tenía en su poder más de 30 mil pesos en efectivo así como 7 mil dólares.
El fiscal de juicio, Rodolfo de Lucía, dijo que "la resolución del tribunal confirma la hipótesis de la fiscalía desde el primer juicio".
"Evidentemente el tribunal, más allá de que fue por mayoría, llegó a la misma convicción que nosotros de que con la prueba que había no había otras alternativas que la culpabilidad de los dos imputados".
El fiscal dijo que "el tribunal ordenó la inmediata detención (de los condenados) teniendo en cuenta que más allá de ser una sentencia que no está firme es a prisión perpetua, lo que aumenta, en principio, la perspectiva de una posible fuga".
"Los jueces consideraron que no había elementos suficientes para atribuirle a Martínez la participación del abuso sexual, con lo que solamente consideraron probada su participación en el homicidio agravado, que no es una cuestión menor porque le corresponde prisión perpetua", agregó.
Según la investigación, a Margiotta lo vieron con vida por última vez el 18 de agosto de 2002 en la vereda de su casa, ubicada en Coronel Pringles, 120 kilómetros al noroeste de Bahía Blanca.
Durante la investigación, se determinó que el adolescente fue golpeado en diversas partes del cuerpo, sometido a distintas prácticas sexuales y sumergido en un tanque de agua, donde murió por asfixia mecánica por sumersión y sofocación.
Por el crimen, fueron detenidos el 6 de marzo de 2005 Fabrizio, un conocido comerciante de electrodomésticos de Coronel Pringles, y Martínez, propietario de una cadena de verdulerías, acusados de haber violado y asesinado a Margiotta en una "fiesta sexual".
La pista para dar con los acusados la habían dado las hermanas Natalia y Jésica Gorordo, quienes declararon haber participado de esa "fiesta sexual". Sin embargo, una de ellas se desdijo durante el juicio oral de 2007 y denunció que había mentido por temor a represalias, lo que fue tomado en cuenta para las absoluciones dispuestas por los jueces.
El tribunal a cargo del primer juicio consideró que "había falta de pruebas para condenar" a los comerciantes. Luego, la querella y la fiscalía apelaron las absoluciones y en noviembre de 2017 la sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.