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Fiscal explicó allanamiento a inmueble de una diputada

Dijo que a la legisladora se le imputa “abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y Coacción. Afirmó que hay diez denuncias contra Juárez sobre la supuesta venta de lotes que estarían en un programa provincial.
Domingo, 16 de diciembre de 2018 01:01

Respecto al allanamiento realizado en el domicilio de una diputada provincial, el fiscal Ernesto Resúa dio detalles del procedimiento llevado adelante en la jornada del jueves, en la localidad de Fraile Pintado y expresó que a la legisladora se le imputa el delito de "abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, y coacción de diez hechos en concurso" y que la medida se concretó en el marco legal, con la orden emanada del Juzgado de Control interviniente.

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Respecto al allanamiento realizado en el domicilio de una diputada provincial, el fiscal Ernesto Resúa dio detalles del procedimiento llevado adelante en la jornada del jueves, en la localidad de Fraile Pintado y expresó que a la legisladora se le imputa el delito de "abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, y coacción de diez hechos en concurso" y que la medida se concretó en el marco legal, con la orden emanada del Juzgado de Control interviniente.

 

La Legislatura aprobó cuestión de privilegio en contra de Sammán, Resúa y otros funcionarios judiciales, a pedido de Juárez.

 

En ese sentido, sostuvo que luego de que el Juzgado de Control Nº 6, a cargo del juez Jorge Sammán, dispusiera una orden de allanamiento en el domicilio de la localidad de Fraile Pintado, se constituyó personalmente junto al ayudante regional de la Unidad 1 de Libertador General San Martín, para concretar la orden, la que fue cumplida en término y conforme lo establecía la orden. "En el día de la fecha fueron giradas las actuaciones, porque al tratarse de una persona, la sindicada como autora de los delitos que esta fiscalía cree que se cometieron, diputada provincial, se trabajó mediante el procedimiento de investigación jurisdiccional que establece el Código de Procedimiento".

Tras ser consultado sobre los delitos que se le imputan a la legisladora provincial Débora Juárez, el fiscal expresó que se trata de más de diez denuncias. "Lo que se le imputa es el delito de Abuso de autoridad, Negociaciones incompatibles con la función pública, y Coacción de diez hechos en concurso", explicó el fiscal.

Indicó que de acuerdo a lo que referían las víctimas o denunciantes, se habían efectuado cobros de unos lotes que fueron entregados por la persona que está sindicada como autora del delito y esos lotes están sometidos y dentro de un convenio marco con el programa "Un lote para cada familia jujeña que lo necesite", y en esa circunstancia, se efectuaron ventas privadas y los pagos se realizaron en el citado domicilio.

"Esta fiscalía creía de importancia y conveniente obtener el registro y el allanamiento de ese lugar a los fines de determinar si existía la documentación que tenemos parcialmente nosotros, porque es la que fue recibida por las víctimas y entregada por la señora que está siendo sindicada como autora del delito o sus dependientes, y eso es lo que fuimos a investigar".

Resúa subrayó que el allanamiento se realizó con una orden del juez de Control que analizó todas las circunstancias que fueron planteadas y propuestas por esta fiscalía. "El planteo de que tenía que citarse a indagatoria, hay que entender que el Código establece de esa forma el allanamiento, porque la única inmunidad y los únicos fueros que tienen los legisladores de la provincia, conforme lo establecen la Constitución y el Código de Procedimiento, es la inmunidad de arresto y detención, que sí debe ser comunicada a la Cámara, para que disponga o tenga en cuenta esto y autorice este tipo de medida después del desafuero".

Código de Procedimiento

En relación al allanamiento, puntualizó que tampoco fue de la morada de la diputada sino de una dependencia contigua. "Claramente establece que debe citarse a la indagatoria, pero se entiende que el Código de Procedimiento sería totalmente contrario a la medida que autoriza el Código si yo primero tengo que traerla a la imputada a indagatoria y que conozca que se le va a allanar el domicilio, seguramente que nadie pediría un allanamiento a domicilio si la persona sindicada del delito conoce previamente que se le va a allanar el domicilio. Entonces lo que claramente y de acuerdo a lo que surge de la interpretación de esta fiscalía y del Juzgado de Control respecto al artículo 32º del Código de Procedimiento, es que se dispone la medida de allanamiento y citarla a indagatoria", dijo Resúa.

Apuntó que se cumplió la medida de allanamiento de forma tranquila, que se labraron las actas correspondientes y se hizo con una orden legal. "Estamos en la investigación preparatoria de una investigación jurisdiccional, donde la fiscalía requiere la producción de determinadas pruebas. Tenemos suficientes elementos para decir que se cometió el delito, nos resta la contestación de unos oficios y otras pruebas que fueron solicitadas al juez de Control, que las cumplirá prontamente. Seguramente que la defensa luego de presentarse, estar a derecho y conocer las pruebas que están en su contra no opone ninguna excepción y no hay nada que tratar y no trae pruebas que contradigan lo que dice esta fiscalía, se solicitará al juez de Control la elevación de la causa a juicio", finalizó el fiscal Ernesto Resúa.

 

La legisladora dijo que también presentará un pedido de jury contra ellos, al considerar que el allanamiento no se ajustó a la ley.

 

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