En una ceremonia cumplida ayer asumieron los doctores Néstor Hugo Paoloni y Cristian Guillermo Torres como jueces de la cámara de Casación Penal, y Rodolfo Miguel Fernández como juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.

El acto fue presidido por los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Clara Aurora De Langhe de Falcone presidente, Sergio Ricardo González, Laura Nilda Lamas González y Pablo Baca; y contó con la presencia de la fiscal general adjunta, Aída Elena Dajer; la presidenta del Colegio de magistrados y funcionarios, Norma Issa; magistrados, miembros del Tribunal de Evaluación de los Concursos, funcionarios y empleados judiciales, e invitados especiales.

Tras la lectura del acta correspondiente, a cargo del secretario de Superintendencia Ariel Cuva, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia tomó el juramento de ley y posesionó en sus cargos a los nuevos magistrados.

En la oportunidad, Clara de Falcone expresó su beneplácito por la integración de la Cámara de Casación Penal y el Juzgado de Control en lo Penal Económico, avanzando así en la concreción de las metas establecidas en la reforma judicial, impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, en diciembre de 2015.

La magistrada se dirigió a los nuevos jueces afirmando que existen dos herramientas elementales para el desarrollo de sus labores: la Constitución y la Ley.

En ese sentido, en nombre del Superior Tribunal de Justicia, les dio la bienvenida y los convocó a perfeccionar, con libertad y sin sometimientos, el Poder Judicial.

Cabe recordar que los flamantes magistrados fueron seleccionados por el Tribunal de Evaluación mediante el sistema de concursos.

La cámara de Casación Penal fue creada para la revisión integral de sentencias penales definitivas, como órgano intermedio entre los tribunales en lo Criminal y el Superior Tribunal de Justicia.

Por su parte, el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, entenderá en los delitos tributarios establecidos en la Ley Nacional Nº 24.769. Están en su competencia los delitos cometidos contra la Administración Pública.

 

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