El 3 de noviembre a la mañana, bien temprano, Amado Boudou fue detenido en su departamento y trasladado primero a una sede de Prefectura y luego a los Tribunales de Comodory Py. Fue un hecho histórico por tratarse de un exvicepresidente.
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El 3 de noviembre a la mañana, bien temprano, Amado Boudou fue detenido en su departamento y trasladado primero a una sede de Prefectura y luego a los Tribunales de Comodory Py. Fue un hecho histórico por tratarse de un exvicepresidente.
La orden fue impartida por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, acusado de liderar una asociación ilícita y por maniobras de lavado de dinero.
Ya en el despacho de Lijo, Boudou pidió su inmediata excarcelación y recusó al juez federal. Al ser indagado por el magistrado, señaló que su detención fue "arbitraria".
La excarcelación le fue rechazada por Lijo, luego de que el fiscal Jorge Di Lello evitara pronunciarse al respecto y dejara la decisión en manos del magistrado.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que las juezas Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez consideraron en su voto mayoritario que no existía peligro de fuga ni tampoco entorpecimiento de la investigación.
Además de Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, el Tribunal dispuso la libertad de Núñez Carmona y para Ciccone una caución de 1 millón de pesos a cada uno, la colocación de una pulsera electrónica con GPS y un alcance de 100 kilómetros alrededor del domicilio que fijen en sede judicial y la prohibición de salida del país.
Para el juez Lijo Boudou conserva "relaciones residuales con actores" poderosos que "podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional"; es decir, ayudarlo a fugarse, y porque además tiene "poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso". Para Lijo, la detención de todos "resulta imprescindible" ante los riesgos procesales que se enfrentan en la investigación a la hora de recuperar los activos que se pruebe fueron adquiridos mediante dinero imposible de justificar.