En la Legislatura provincial se realizaron ayer dos sesiones, la tercera especial del año y la primera extraordinaria. En la primera y luego de varios pronunciamientos y argumentos críticos de la oposición se aprobó la designación como jueces de Cámara de Casación Penal en San Salvador de Jujuy de Néstor Hugo Paoloni y Cristian Guillermo Torres. En la extraordinaria tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2019, que pasó a la comisión de Finanzas que la abordará el próximo martes, desde las 10, con funcionarios del Ministerio de Hacienda.
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En la Legislatura provincial se realizaron ayer dos sesiones, la tercera especial del año y la primera extraordinaria. En la primera y luego de varios pronunciamientos y argumentos críticos de la oposición se aprobó la designación como jueces de Cámara de Casación Penal en San Salvador de Jujuy de Néstor Hugo Paoloni y Cristian Guillermo Torres. En la extraordinaria tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2019, que pasó a la comisión de Finanzas que la abordará el próximo martes, desde las 10, con funcionarios del Ministerio de Hacienda.
El proyecto de Presupuesto preve erogaciones por más de $62 mil millones y recursos por 57.674 millones de pesos.
Lo que causó mayor discusión fue la designación de los jueces de Casación, con expresiones de desacuerdo de los legisladores de la oposición centrados en torno al orden de mérito que ocuparon Paoloni y Torres tras el concurso correspondiente, que fue ganado por Luis Kamada y Sara Cabezas (el primero habría renunciado) y por la demora en el pedido de acuerdo. Varios diputados rechazaron las designaciones, deslizando manipulación de las mismas, colándose también en los cuestionamientos la incertidumbre por la venta del Ingenio La Esperanza.
Del oficialismo los legisladores en cambio destacaron y reivindicaron la trayectoria de Paoloni y Torres, que Ramiro Tizón ponderó en el primer caso recordando que Paoloni fue juez de Familia y ahora es de la Cámara de la Apelación Penal, y ahora será el de Casación, el máximo órgano en el Fuero Penal. Sobre Cristian Torres dijo que se desempeñó durante muchos años en la profesión y en el Ministerio de la Acusación. Fue Alberto Matuk (PJ) quien, sin embargo, reivindicó la tarea del Tribunal Evaluador, destacando que trabajó con objetividad.
En cambio, los proyectos de Presupuesto y de Ley Impositiva de Jujuy fueron los únicos que no generaron expresiones a favor ni en contra, ya que solo tomaron estado parlamentario, de modo que será analizada el próximo martes.
Por otro lado se trató y aprobó una fe de errata de las leyes 6011 y su modificatoria, de creación de la empresa pública Cannabis Avatara, Sociedad del Estado, por un error de tipeo de las normas que establecen la producción de marihuana, que se consignaba el artículo 1 y otro sobre el objeto de la empresa, que sería la que produciría aceite terapéutico. Eso generó diferentes posturas opositoras en torno a la diversificación que significaría para la gente de Finca el Pongo para el cultivo de esa especie, e inclusive en otras zonas tabacaleras.
En tanto el proyecto de ley de honorarios profesionales de abogados y procuradores de la provincia de Jujuy se aprobó como Ley Nº 6.088 pese a que hubo también varias miradas. Se explicó que el Colegio de Abogados está en acuerdo con el tratamiento de la ley pero en desacuerdo con la unidad de medida arancelaria, que pretendía que el parámetro sea el de un juez. El planteo era contemplar como base el 6% del salario mínimo vital y móvil, y desmintieron que no tuvieran tiempo para tratar con sus socios, afirmando que hubo más de un mes para hacerlo y que está en consonancia con la ley nacional de aranceles.
“Clara manipulación” de la selección
El Bloque Justicialista explicó que el procedimiento de selección de jueces instaurado por la Ley 5893/2015, fue visto por muchos como una oportunidad de mejorar el Servicio de Justicia, garantizar la igualdad y transparencia de acceso a los cargos públicos y asegurar su independencia mediante la postulación de los abogados probos.
“A poco tiempo de su implementación se verifica una decidida y clara manipulación de ese proceso, que se constata con los siguientes datos irrefutables de la realidad. El gobernador no respeta el orden de mérito fijado por el Tribunal Evaluador”, afirmó. Además “no se respeta el orden cronológico de los llamados a concurso; existe una llamativa e injustificada demora en el envío de pliegos de determinados Juzgados o Tribunales; se han designado candidatos que obtuvieron calificaciones ampliamente superiores. Este proceder es más notorio en la cobertura de vacantes donde el Poder Ejecutivo cuenta con un indisimulado interés público”, finalizó.
El bloque del justicialismo se retiró del Tribunal Evaluador
“Se han designado candidatos que obtuvieron calificaciones muy bajas en el orden de mérito”, expresaron desde el Bloque.
El Bloque Justicialista de la Legislatura jujeña volvió a rechazar la metodología recurrente empleada por el gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, de no respetar el orden de mérito confeccionado por el Tribunal Evaluador para la designación de magistrados, defensores y fiscales del Poder Judicial. Resolvió por ello, e informó en comunicado de prensa, retirar su representación del órgano encargado de llevar adelante las evaluaciones de los abogados del foro local que se inscriben para concursar cargos vacantes.
En la sesión de ayer, la primera extraordinaria donde además tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2019, la bancada justicialista reiteró sus críticas con respecto a la decisión del mandatario provincial de no respetar el orden cronológico fijado por el Tribunal Evaluador. De hecho, dio a conocer su posición en este tema dentro del recinto de sesiones y a través de un comunicado oficial.
Durante el encuentro legislativo, el oficialismo hizo pesar su número y avanzó sin miramientos en la aprobación de los acuerdos para Néstor Hugo Paoloni y Cristian Guillermo Torres, a quienes se designó como jueces de la Cámara de Casación Penal en San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, el justicialismo puso de relieve que la designación de Torres, sin entrar a valorar las calidades personales del postulante, es donde se observa la mayor injusticia. “Aquí se da hasta un caso de gravedad institucional, lo que ha merituado que el Bloque tome una postura socializada ”.
“Nosotros hemos colaborado desde un principio con este proceso que pretendió instaurar el Gobierno, porque entendíamos que servía para mejorar el sistema. Pero a lo largo de su implementación hemos visto que se han producido alteraciones en el orden de mérito”. Explicaron que “en el caso del pliego de Torres, que salió en la cuarta posición, el concurso fue hace un año y se demoró por el Ejecutivo, y en el medio se produjo la renuncia de un concursante y esta designación. No es casual que justamente este profesional se haya venido desempeñando la función dentro del Ministerio Público de la Acusación”, enfatizó el Bloque de Diputados del PJ.