El fantasma de la quita de pensiones por discapacidad volvió a causar gran preocupación en la opinión pública tras la difusión el martes pasado de un informe de un portal de noticias porteño que hizo referencia a un supuesto comunicado interno de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ordenaba separar los expedientes de menores de edad en trámite de cobrar subsidios.
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El fantasma de la quita de pensiones por discapacidad volvió a causar gran preocupación en la opinión pública tras la difusión el martes pasado de un informe de un portal de noticias porteño que hizo referencia a un supuesto comunicado interno de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ordenaba separar los expedientes de menores de edad en trámite de cobrar subsidios.
En la publicación se citó a fuentes reservadas del organismo nacional que habrían asegurado que el argumento de la medida sería que los solicitantes de hasta 17 años "no tienen incapacidad laboral".
Se alertó, además, sobre requisitos más engorrosos para otorgar pensiones a las personas con síndrome de Down y la restricción de los subsidios a los pacientes con VIH o cáncer que no estén en una etapa avanzada de la enfermedad. De igual modo, denunciaron el congelamiento de 20 mil pensiones por discapacidad, tramitadas desde 2016.
Al día siguiente de la viralización por las redes sociales de la nota, desde la Agencia Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en el que negaron "categóricamente" un recorte de las pensiones por discapacidad para menores de edad y que haya nuevos requisitos para los pensionados.
De todas maneras, en el parte oficial se dio a conocer que fueron detectadas unas 72 mil pensiones para menores de edad que no contarían con la certificación de discapacidad.
Para conocer más detalles, El Tribuno se comunicó con un vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien aseguró que se hará un relevamiento sobre esos expedientes, pero eso no significa que se los vaya a dar inmediatamente de baja.
Dijo que los pensionados sin certificación deberán hacer el trámite para obtener el aval médico, y no se les cortará el beneficio si es que no presentan ninguna irregularidad.
La aclaración es válida ya que en junio del año pasado se había actuado al revés: se suspendieron pensiones hasta que los adjudicatarios certificaran que padecían alguna discapacidad. La acción apuntaba a controlar el festival de subsidios sin justificar que se otorgaron durante los años de gobierno kirchnerista, pero, en ese caso, pagaron justos por pecadores.
Se habían anulado en el país al menos 70 mil subsidios por invalidez, que luego tuvieron que ser reintegrados por orden judicial, aunque no todos se volvieron a asignar.
Trámites eternos
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada en septiembre pasado para centralizar los trámites sobre la asistencia a las personas con invalidez y elaborar políticas públicas para ese sector, aunque hasta ahora no se avanzó en dar más celeridad a la larga burocracia que deben atravesar quienes buscan una pensión y tienen que esperar, al menos, un año.
Fuente: Tribuno de Salta