El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó ayer su renuncia al cargo, en medio de la polémica por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.
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El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó ayer su renuncia al cargo, en medio de la polémica por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.
"A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada", aseguró Díaz Gilligan en la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.
Fuentes oficiales de la Casa Rosada evitaron adelantar quién será su reemplazante.
El ahora exfuncionario estuvo ayer unas seis horas en la Casa Rosada, adonde había ingresado a las 10 y se retiró a las 16, y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia a De Andreis.
En las últimas horas hubo un cambio de postura en los más alto del Gobierno sobre este escándalo, ya que este domingo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido al subsecretario general de la Presidencia, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos".
"Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado", agregó el funcionario saliente en su misiva.
Y finalizó: "Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi agradecimiento por las responsabilidades que tuve a cargo durante este tiempo, manteniendo las convicciones de que nuestro espacio representa la verdadera posibilidad de transformación y desarrollo que Argentina necesita para las próximas décadas".
Previamente, la Oficina Anticorrupción había corroborado que Díaz Gilligan no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta en Andorra. La que estaba a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que Díaz Gilligan fue representante y accionista.
Denuncia penal de Rodolfo Tailhade
El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade denunció ayer penalmente al subsecretario general de Presidencia, Díaz Gilligan Valentín, por supuesto lavado de dinero a raíz de su participación en una empresa que tenía 1,2 millones de dólares depositados en un banco de Andorra.
El legislador kirchnerista acusó al funcionario nacional ante la Justicia por “la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa”, por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada. La causa quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, mientras que la instrucción está a cargo de la fiscal Alejandra Mángano.
En su presentación, el también integrante del Consejo de la Magistratura explica que se enteró del caso a partir de un artículo publicado en el diario español El País, en el que se informaba que Díaz Gilligan figuró como principal accionista de la firma en cuestión.
El diputado resaltó que esa suma de dinero se encontraba en un banco de Andorra, “un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario”.
“La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense”, destacó Tailhade en la denuncia.
Para el diputado, “existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español”. “Asimismo, no podemos soslayar que en su "defensa" el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía”, agregó en el texto.