Ante el serio conflicto que se desató en las últimas semanas con el cierre de los Ceija afectando a estudiantes del nivel medio, la ministra de Educación, Isolda Calsina, se refirió al tema y mencionó que estos establecimientos presentaban varias irregularidades motivo por el que se les negó la incorporación a la enseñanza oficial.
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Ante el serio conflicto que se desató en las últimas semanas con el cierre de los Ceija afectando a estudiantes del nivel medio, la ministra de Educación, Isolda Calsina, se refirió al tema y mencionó que estos establecimientos presentaban varias irregularidades motivo por el que se les negó la incorporación a la enseñanza oficial.
“Los Ceija no se pusieron al día con los requisitos que la normativa vigente les impone para funcionar y que tienen razón de ser en el deber de cuidar los intereses superiores de los alumnos y garantizar el derecho que tienen a una educación de calidad” se menciona en un comunicado oficial difundido por el Gobierno.
La ministra señaló que las actuaciones realizadas permitieron establecer que estos centros no entregaban títulos, lo que en algunos casos dio lugar a que los padres tuvieran que realizar acciones judiciales para obtenerlos, lo que provocó grandes perjuicios a los egresados.
Explicó que estas instituciones venían funcionado al margen de toda la legislación que regula el funcionamiento de la educación privada y subrayó que algunas de las irregularidades más graves en las que incurrieron durante años fueron tener en funciones docentes a personas sin títulos habilitantes, instalaciones deficientes no aptas para el dictado de clases, inscripción de alumnos sin observar la edad tope, falta de dictado de espacios curriculares, incompatibilidades docentes y graves irregularidades administrativas.
Calsina añadió que a todo eso hay que sumar que los centros no contaban con la habilitación ministerial y aclaró que las decisiones del Ministerio se expresan mediante resoluciones y no a través de actas.
También destacó que numerosos exalumnos de los Ceija están concurriendo a las delegaciones ministeriales para ser relocalizados en ofertas educativas estatales y gratuitas, que les garantizan la titulación en tiempo y en forma, y que son suficientes para absorberlos.
“El Estado provincial tiene la obligación de garantizar la Educación como bien público y derecho fundamental y no vamos a mirar para otro lado”, concluyó.