El Gobierno de Estados Unidos interpuso ayeruna demanda contra California por un conjunto de leyes migratorias que desafían a las políticas de la Casa Blanca, en el más grave enfrentamiento entre el Ejecutivo de Donald Trump y el estado más poblado del país.
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El Gobierno de Estados Unidos interpuso ayeruna demanda contra California por un conjunto de leyes migratorias que desafían a las políticas de la Casa Blanca, en el más grave enfrentamiento entre el Ejecutivo de Donald Trump y el estado más poblado del país.
En la demanda presentada ayer, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, pidió a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.
El Gobierno federal considera que esas tres leyes californianas (llamadas "santuario") "reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos" al impedir que los agentes de Migración hagan su trabajo y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes.
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump contra California, un estado que por su dimensión y por su hegemonía demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en inmigración.
La demanda en cuestión podría terminar siendo el caso testigo del papel que tendrán las administraciones locales y estatales en la política de inmigración.
El control de la inmigración es una competencia federal y la policía que persigue a los indocumentados depende de Washington, pero en un país con cerca de 11 millones de indocumentados la capacidad de los agentes federales está limitada, por lo que el Gobierno de Trump necesita de la colaboración de las policías locales y estatales.
Sessions anunció ayer la presentación de la demanda durante un acto con agentes de la ley en California.
"El Departamento de Justicia y el Gobierno de Trump combatirán estas políticas injustas, desleales e inconstitucionales que nos han impuesto", dijo Sessions, según los fragmentos de su discurso.
"Estamos luchando para hacer sus trabajos más seguros y para reducir el crimen en Estados Unidos. Y creo que vamos a ganar", apuntó
La demanda va especialmente dirigida al gobernador californiano, Jerry Brown, quien la calificó de "maniobra política" de Trump, a quien acusa de "dividir y polarizar más Estados Unidos".
La Casa Blanca también apunta al fiscal californiano Xavier Becerra quien respondió que las entidades locales y estatales "tienen el derecho de determinar qué políticas son mejores" para ellas.
Sessions, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, inició a su llegada al Departamento de Justicia una cruzada contra las políticas "santuario", esas que desde las entidades locales protegen a los indocumentados de la deportación.
Las mayores ciudades del país,como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre muchas otras gobernadas por la oposición demócrata, han adoptado estas políticas que principalmente limitan el flujo de información entre sus policías y los agentes de inmigración.
El Gobierno de Trump pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicación de estas leyes y, en último término, las anule.
Washington basa su argumentación en la llamada "cláusula de supremacía", como se conoce al segundo párrafo del Artículo VI de la Constitución, que afirma la preeminencia de la ley federal y la Constitución sobre las leyes de los estados.
Fuerte denuncia de la ONU
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein, acusó ayer a EEUU de detener bajo “condiciones abusivas” a muchos inmigrantes, entre ellos niños, que intercepta en la frontera con México.
“Estoy consternado por informaciones de que muchos inmigrantes interceptados en la frontera sur, entre ellos niños, son detenidos en condiciones abusivas, como pueden ser temperaturas gélidas, y de que algunos niños son detenidos de manera separada de sus familias”, señaló Zeid en la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El jordano emitió ayer varios llamados de atención por otros casos, entre ellos los últimos asesinatos de defensores de DDHH en Colombia, la intervención militar en Río de Janeiro y el reciente indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori, entre otros.
En cuanto a EEUU, afirmó que las detenciones y deportaciones de inmigrantes que llevan mucho tiempo en el país y que han cumplido las leyes “han aumentado fuertemente, separando a familias y creando una enorme dificultad” para las personas afectadas.
A esto se suma, dijo, que la Administración del presidente Donald Trump ha terminado el programa de refugio de Menores Centroamericanos (CAM), establecido por su antecesor Barack Obama (2009-2017).
Sanciones a Corea
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Corea del Norte, a la que acusa de haber utilizado un arma química para asesinar en el aeropuerto de Kuala Lumpur a Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-
un, apenas horas después del anuncio de una cumbre de máximo nivel entre las dos Coreas.
Las medidas adoptadas por Washington, que no especificó en concreto, son producto de una investigación que demostró que a Kim Jong-nam lo asesinaron con una dosis de gas nervioso VX, lo que acarrea sanciones automáticas en cumplimiento de una ley de 1991 sobre armas químicas y biológicas, informó anoche el Departamento de Estado.
El hermanastro del líder norcoreano cayó fulminado en el aeropuerto de la capital de Malasia, tras ser envenenado por dos mujeres el 13 de febrero de 2017. Pyongyang siempre negó tener alguna responsabilidad con el crimen.
Estados Unidos “condena duramente el uso de armas químicas para perpetrar un asesinato”, dijo la vocera de la cartera, Heather Naert, en un comunicado.
Esta forma de quebrantar las normas internacionales sobre el uso de armas químicas demuestra “la naturaleza temeraria de Corea del Norte”, añadió.