Mientras corre la cuenta regresiva hacia la sesión de pasado mañana y el Gobierno se apresta a hacer sus últimos movimientos para evitar la derrota legislativa, la oposición ya tendría asegurados los votos para sancionar en el Senado el proyecto de ley que limita a la variación de los salarios y retrotrae a los valores de noviembre las tarifas de los servicios públicos .
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Mientras corre la cuenta regresiva hacia la sesión de pasado mañana y el Gobierno se apresta a hacer sus últimos movimientos para evitar la derrota legislativa, la oposición ya tendría asegurados los votos para sancionar en el Senado el proyecto de ley que limita a la variación de los salarios y retrotrae a los valores de noviembre las tarifas de los servicios públicos .
Por el momento, la iniciativa aprobada en Diputados hace más de dos semanas reúne el apoyo de 40 senadores, resultado de la unión de fuerzas del bloque peronista que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) y del kirchnerismo, a quienes se sumarían los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora y otros bloques menores.
La cifra es importante, pero Pichetto busca fortalecerla para evitar sorpresas, ya que se encuentra muy cerca del límite de 37 senadores que aseguran el quorum para poder habilitar la sesión y mantenerla con vida hasta el momento de votar, y la mayoría absoluta que le garantizaría a la oposición imponer su postura.
A socavar esta todavía endeble mayoría es adonde apuntará el Gobierno en sus esfuerzos por evitar la derrota política que implicará para Mauricio Macri tener que firmar el veto a una ley de corte populista, según informa La Nación.
Es que, por el momento, el camino de las negociaciones con el oficialismo está cerrado como consecuencia de la molestia de Pichetto con la actitud de la Casa Rosada, que apostó a restarle fuerzas a su bancada antes que a abrir una negociación pública e institucional.
El dictamen de mayoría, firmado por el justicialismo y el Frente para la Victoria tras el último plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, pretende darle el último empujón al expediente que propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, estableciéndose que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.
El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi 80.000 millones de pesos (compartido entre provincias y Nación), sólo durante 2018. Ese número aumentaría a casi 90.000 millones de pesos en 2019.
En cambio, el proyecto del oficialismo busca rebajar, por doce meses prorrogables, a la mitad, la alícuota del IVA para usuarios residenciales, que actualmente alcanza el 21 por ciento. Asimismo, rebaja del 27 por ciento al 21 por ciento el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.
La propuesta de bajar el IVA a las tarifas de servicios públicos tendría, además, un costo menor a los 20.000 millones de pesos, según indicó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.