Ya los padres de los alumnos de la Escuela de Artes 49, entre cuyas demandas está la de resolver el problema edilicio, habían manifestado que rechazaban la donación de un terreno por no querer participar del conflicto entre la familia Mendoza, la comunidad aborigen Cueva del Inca y el centro vecinal Villa Florida. Pero la donación, anunciada por los medios por el Ministerio de Educación, tuvo su eco en la sociedad tilcareña, y la presidenta de la comunidad nos convocó para hacer su descargo.
inicia sesión o regístrate.
Ya los padres de los alumnos de la Escuela de Artes 49, entre cuyas demandas está la de resolver el problema edilicio, habían manifestado que rechazaban la donación de un terreno por no querer participar del conflicto entre la familia Mendoza, la comunidad aborigen Cueva del Inca y el centro vecinal Villa Florida. Pero la donación, anunciada por los medios por el Ministerio de Educación, tuvo su eco en la sociedad tilcareña, y la presidenta de la comunidad nos convocó para hacer su descargo.
Nos encontramos con Verónica Mamaní, quien nos cuenta que "no comprendemos como la doctora Isolda Calsina, ministra de Educación, puede aceptar la propuesta de una donación cuando, como Gobierno, deberían estar al tanto que la comunidad de Cueva del Inca tiene desde hace años un conflicto con la familia Mendoza por esos terrenos. Eso creó una alarma en toda la comunidad, y también en los vecinos que, no siendo de la comunidad, son del centro vecinal".
Nos explica que "el terreno en cuestión, que consta de una hectárea, es parte del territorio de la comunidad, y parte del centro vecinal. Hay un juicio que nosotros ganamos en la Corte de la Provincia, en el mes de septiembre, y que comenzó en el 2010. El Superior Tribunal de Justicia dice que no se puede desalojar a la comunidad Cueva del Inca porque la familia Mendoza no tiene la acreditación de la propiedad de las tierras, y si no sos dueño de algo, no podés desalojar. La comunidad tiene acreditada su posesión ancestral, tradicional y pública y tiene su personería jurídica".
Mamaní agrega que "la familia Mendoza no tiene acreditada la posesión. Después de litigar muchos años, y con otros seis juicios ganados, con una carpeta técnica en el Inai aprobada en el 2014, se nos vuelve difícil comprender esta situación. El Estado tiene que resguardar a todos los habitantes de la provincia, y entendemos que tendría que haber investigado. Entendemos que se ha violado la consulta libre, previa e informada, contemplada por la ley".
Nos dice que "no fuimos informados. Nos enteramos por los anuncios en los medios de comunicación. Lo que decimos es que la familia Mendoza está donando algo que no es de ellos. El día en que la donación se hizo pública, gestionamos una audiencia con la ministra mediante la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero no nos pudo recibir. Nos recibió Liliana Giménez, secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación, y nuestro abogado la puso al tanto de la situación desde lo legal".
Así, nos dice que "se les dejó en claro que si se continúa con la gestión de esa donación, nosotros nos veremos obligados a iniciar acciones legales contra el Ministerio. Hace una semana se le acercó toda la documentación sobre el tema, y en asamblea de la comunidad quedó resuelto que no podemos avalar esta donación. Los miembros de la comunidad, los del centro vecinal y los padres de los alumnos de la escuela, sostenemos todos la misma posición. Y estamos todos unidos".
.