Cincuenta y siete de las 500 viviendas de un barrio privado de la localidad bonaerense de Quilmes están "colgadas" a la red de tensión por lo que sus propietarios fueron intimados a regularizar su situación antes que la Justicia intervenga por el delito de hurto de energía.
La empresa prestadora del servicio, Edesur, informó que durante los operativos de fiscalización que realiza habitualmente en toda el área de concesión, ya fueron identificados más de mil usuarios "enganchados" que no pagaban por el consumo que realizaban, publicó hoy la agenda Noticias Argentinas.
En ese marco, cuatro cuadrillas de Edesur arribaron al country ubicado en el límite entre Bernal y Don Bosco, donde descubrieron que 57 casas, de un total aproximado de 500, se abastecían de la red de manera clandestina.
Del total en infracción, según informó la empresa, 20 ya regularizaron su situación en oficinas comerciales de Quilmes.
"Estas viviendas no tenían medidor y estaban conectadas directamente al cableado de baja o media tensión. A todos se les interrumpió el suministro y se los intimó a registrarse como nuevos clientes".
"El próximo 5 de junio, las cuadrillas volverán a visitar el barrio Nuevo Quilmes, porque algunos usuarios no piden el medidor y se vuelven a enganchar. En esos casos, los usuarios van a ser intimados judicialmente, ya que se trata de un delito. El hurto de energía es lo mismo que robar cualquier otro bien", detallaron voceros de Edesur al Diario Popular.
Desde la compañía se refirieron a los problemas que ocasionan las conexiones ilegales para los usuarios en regla.
"Cuando una o más viviendas se conectan de manera clandestina, se produce un desbalance en la red que abastece a un barrio o una zona determinada. Esto perjudica a los usuarios regulares de varias maneras, como por ejemplo con cortes de luz por sobrecargas de tensión en el cableado, entre otros inconvenientes", explicaron.
El barrio Nuevo Quilmes también se vio involucrado en un escándalo por evasión de tasas municipales que se extendió hasta el año 2015, cuando la Justicia falló a favor del Municipio de Quilmes.
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Cincuenta y siete de las 500 viviendas de un barrio privado de la localidad bonaerense de Quilmes están "colgadas" a la red de tensión por lo que sus propietarios fueron intimados a regularizar su situación antes que la Justicia intervenga por el delito de hurto de energía.
La empresa prestadora del servicio, Edesur, informó que durante los operativos de fiscalización que realiza habitualmente en toda el área de concesión, ya fueron identificados más de mil usuarios "enganchados" que no pagaban por el consumo que realizaban, publicó hoy la agenda Noticias Argentinas.
En ese marco, cuatro cuadrillas de Edesur arribaron al country ubicado en el límite entre Bernal y Don Bosco, donde descubrieron que 57 casas, de un total aproximado de 500, se abastecían de la red de manera clandestina.
Del total en infracción, según informó la empresa, 20 ya regularizaron su situación en oficinas comerciales de Quilmes.
"Estas viviendas no tenían medidor y estaban conectadas directamente al cableado de baja o media tensión. A todos se les interrumpió el suministro y se los intimó a registrarse como nuevos clientes".
"El próximo 5 de junio, las cuadrillas volverán a visitar el barrio Nuevo Quilmes, porque algunos usuarios no piden el medidor y se vuelven a enganchar. En esos casos, los usuarios van a ser intimados judicialmente, ya que se trata de un delito. El hurto de energía es lo mismo que robar cualquier otro bien", detallaron voceros de Edesur al Diario Popular.
Desde la compañía se refirieron a los problemas que ocasionan las conexiones ilegales para los usuarios en regla.
"Cuando una o más viviendas se conectan de manera clandestina, se produce un desbalance en la red que abastece a un barrio o una zona determinada. Esto perjudica a los usuarios regulares de varias maneras, como por ejemplo con cortes de luz por sobrecargas de tensión en el cableado, entre otros inconvenientes", explicaron.
El barrio Nuevo Quilmes también se vio involucrado en un escándalo por evasión de tasas municipales que se extendió hasta el año 2015, cuando la Justicia falló a favor del Municipio de Quilmes.