En Jujuy existen casos de violencia institucional, en particular detenciones arbitrarias de personas con discapacidad, área que no está incorporada en varias instituciones, entre ellas las de seguridad. Hay asociaciones y ongs que se abocan a dar capacitación y sensibilización sobre este tema para evitar la desigualdad y que sean efectivos los derechos de todos los ciudadanos.
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En Jujuy existen casos de violencia institucional, en particular detenciones arbitrarias de personas con discapacidad, área que no está incorporada en varias instituciones, entre ellas las de seguridad. Hay asociaciones y ongs que se abocan a dar capacitación y sensibilización sobre este tema para evitar la desigualdad y que sean efectivos los derechos de todos los ciudadanos.
Por lo que se pudo averiguar no hay protocolos para estos casos.
El último caso que tuvo gran repercusión fue el de Ana Ascárate, que se suma a otros denunciados públicamente, pidiendo justicia y explicaciones por el abuso de autoridad de la Policía de la Provincia, funcionarios públicos que velan por la seguridad de los ciudadanos y también en los hospitales públicos.
Se trata de una mujer con discapacidad que sufrió una detención arbitraria por cerca de diez horas y apremios ilegales -según denunció-, siendo vulnerados sus derechos. Además denunció que fue amenazada, no recibió asistencia médica y que no consiguió que se le informe el motivo de esa situación que padeció en la zona sur de San Salvador de Jujuy.
Realizó la denuncia respectiva en la Brigada de Investigaciones y la ratificó para poder acceder al expediente y solicitar ser querellante. Es patrocinada por la abogada Paula Alvarez Carreras y acompaña la denuncia la Federación de Entidades para Personas Discapacitadas (Fendij). Recibió la solidaridad de la Fundación "Alas del Alma" y de otras organizaciones.
"Falta formación"
El secretario general del Ministerio Público de Defensa Penal, Miguel Ángel Cabezas, ante el planteo de la violencia institucional fue terminante al decir que "falta formación en las fuerzas de seguridad".
Ante la asunción de la rectora del Instituto de Seguridad Pública, Carolina Calvo, expresó que "los aspirantes deben tener un perfil de prevención, que la principal arma que puedan desenfundar sea el lenguaje, el conocimiento y la negociación, antes que aplicar la fuerza del cuerpo. Queremos formar y fortalecer la vocación, pero ya deben tener un perfil de servicio".
En tanto que el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, durante la presentación del informe anual, consultado sobre los casos de violencia institucional expresó que deben ser denunciados. Un legislador propuso la creación de una Fiscalía Especializada contra la violencia institucional.
Mirada desde la Fendij
Desde la Fendij, la presidenta Claudia Choque relató una serie de casos de detenciones a personas con discapacidad.
Por ejemplo, dos mujeres sordomudas que desconocían el motivo de su detención. "En esa situación solicitamos que se debe dar aviso a un abogado, un intérprete. Nadie se opone a la Justicia, sólo que se respeten sus derechos. Acá hay una serie de cuestiones, la falta de comunicación de los organismos, falencias en el sistema", afirmó.
Buscan concientizar también en las reparticiones del Estado
Los casos de violencia institucional son repudiados por la sociedad pero suceden.
No se da solamente en personas con discapacidad, sino que son muchos los casos que se dieron a conocer en jóvenes (militantes, estudiantes), adolescentes y profesionales, por citar algunos.
Adolescentes que son detenidos recurrentemente por consumo de sustancias, son castigados cuando en esa situación deberían ser atendidos para una rehabilitación. Estos casos se dan en la capital en Comisarías que los vecinos denuncian, pero no son escuchados.
Ante esta situación desde el Área de Rehabilitación del Ministerio de Salud están brindando capacitación sobre “Trato digno a las personas con discapacidad”. Pero no hay un protocolo desde el Poder Judicial.
El objetivo de esa instrucción es concientizar en reparticiones del Estado sobre el trato a las personas con discapacidad.
Días atrás se capacitó al personal de la Policía de la Provincia y se advirtió que falta mucha preparación y conocimiento para llegar a una sociedad igualitaria.
Así también algunos afectados expresan que a pesar de las leyes existentes, no se cumplen y debería haber una articulación entre los ministerios de Salud y Seguridad.
Esas capacitaciones están disponibles para todas las reparticiones del Estado.
Si bien hay un programa de Acceso a la Justicia, pero funciona de lunes a viernes y no hay guardias, de manera que pierde efectividad.
Acciones necesarias
Es importante establecer los lineamientos que permitan a los operadores de justicia brindar una atención adecuada para las personas con discapacidad, reconociendo el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, disponiendo las medidas de apoyo personalizadas y efectivas que permitan su accesibilidad, se promueva el respeto de su autonomía y dignidad, la manifestación de su voluntad y preferencias y se garantice la protección de sus derechos fundamentales. Es necesario que se aplique el protocolo, con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia.
El cambio de paradigma es algo fundamental
Desde Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Elena Chávez realizó un aporte relatando que "cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de una práctica estructural de violación de derechos humanos por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. En un sentido más amplio servicios penitenciarios, efectores de salud, en estos contextos de restricción de autonomía y libertad. Lugares como hospitales, psiquiátricos, tomamos el concepto más amplio. Y cuando tomamos la discapacidad es fundamental que podamos tener en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad que fue aprobada en el 2006 e incorporada a través de la Ley 26.378, en el 2008. Argentina la firma y la ratifica y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico porque cambia un paradigma de las personas con discapacidad. El nuevo Código Civil y Comercial habla sobre una capacidad integral y dotándola de derechos, así como sucedió con la Ley de Salud Mental ya no hablamos de pacientes, sino de usuarios de la Salud Mental. Lo que trae este paradigma es dejar de sostener a la persona con discapacidad como una persona que tenemos que esconder, sino que puede ejercer sus derechos.
Sin intérprete de lenguaje de señas
Entre los casos que aún no recibieron justicia, El Tribuno de Jujuy pudo saber que como ocurrió en el de las mujeres sordomudas, en las instituciones no hay intérpretes del lenguaje de señas en mesa de entrada para que las entiendan y las deriven a un defensor para iniciar la demanda.
Suponiendo que acceden al servicio de justicia queda trunco cuando en las audiencias se dan con la falta de intérpretes para las partes. "Se libró un oficio para solicitar intérpretes y, desde el Superior Tribunal de Justicia nos informaron que no tienen intérpretes de señas, de manera que hay que buscar por otro lado esa necesidad, para que sea efectivo el servicio de justicia. No queda ahí el caso, porque esa familia afectada necesita terapia psicológica, ambas partes, y el caso está paralizado porque no hay un profesional que pueda comunicarse con el lenguaje de señas", afirmó la abogada Claudia Choque de Fendij.
"La persona que interpreta el lenguaje de señas debe estar formada para estos casos. Creen que las personas con discapacidad son los menos y estas personas se divorcian, solicitan juicios por alimentos, violencia de género. O sea, estas personas cuando acuden a organismos públicos se dan que nadie los entiende, no hay un intérprete de señas", finalizó.