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Nicaragua: Graves violaciones a los derechos humanos

Las ciudad de Masaya ha sido la más golpeada por la represión de policías y grupos de paramilitares. Afirman que se está violando los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal y otros.

Sabado, 23 de junio de 2018 00:00

Los nicaragenses esperaban ayer la liberación de manifestantes detenidos en la oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que deja 212 muertos y más de 500 arrestos en dos meses, según el informe de la Cidh.

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Los nicaragenses esperaban ayer la liberación de manifestantes detenidos en la oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que deja 212 muertos y más de 500 arrestos en dos meses, según el informe de la Cidh.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) consignó graves violaciones a derechos humanos -incluidos arrestos arbitrarios- en el informe final que presenta ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

"El Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia", acusa el informe.

Masaya, 35 km al sur de Managua, ha sido la más golpeada por la represión de policías y paramilitares, luego de que el lunes se declarara en rebeldía. Este viernes no registraba nuevos ataques, fruto de una reunión de obispos católicos con el comisionado policial Ramón Avellán, la víspera en esa ciudad.

"Estamos esperando que nos entreguen detenidos de Masaya y otros poblados aledaños, no sabemos cuántos", declaró el secretario de la Asociación Nicaragense Pro Derechos Humanos (Anpd).

Familiares de detenidos esperan en la iglesia San Miguel las excarcelaciones, constató un equipo de la AFP en Masaya.

Los obispos, que fueron recibidos el jueves por miles de pobladores en las calles, también iniciaron gestiones para la liberación de jóvenes manifestantes recluidos en la cárcel El Chipote, en el centro de Managua.

 

Aumentó la incursión de los policías y los civiles

El cardenal Leopoldo Brenes, quien encabezó la misión de obispos junto con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw, dijo esperar que Avellán cumpla con su compromiso de “suspender todo hostigamiento” en Masaya y liberar detenidos.

En la última semana aumentaron las incursiones de policías y civiles encapuchados y armados en ciudades como Estelí, Granada y Carazo. En León había este viernes camionetas con policías y paramilitares en varios sectores, con palas mecánicas para levantar bloqueos.

Encapuchados fuertemente armados, que apoyan al gobierno, custodian varias vías de acceso a las ciudades. En los pueblos, barricadas de adoquines son custodiadas por pobladores armados con morteros artesanales.

 El informe de la Cidh será clave para que los obispos convoquen la próxima semana, como mediadores, al diálogo entre el gobierno y sus opositores, que busca una salida a la turbulencia de este empobrecido país centroamericano.

La Cidh informó sobre los hallazgos de la visita -que permitió el gobierno de Ortega- realizada del 17 al 21 de mayo a Nicaragua, durante la que recopiló amplios testimonios.

Creciente presión internacional

El gobierno de Ortega enfrenta una creciente presión internacional. “Debe poner fin de inmediato a su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo”, dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. “Mientras la Cidh presenta sus conclusiones en Washington, policías y pandillas armadas afines al gobierno continúan asesinando a manifestantes con total impunidad en las calles de Nicaragua”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Al exigir que “cese la represión”, Amnistía Internacional dijo a su vez que “el gobierno no puede seguir pidiendo el diálogo y al mismo tiempo cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes”. Ortega, en el poder desde 2007, ha sido señalado de corrupción y nepotismo, y de ejercer un poder absoluto a través del control de todos los poderes del Estado. Las protestas comenzaron contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para exigir justicia y la salida de Ortega, dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) que encabezó la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979.