-Participó de una Jornada Ambiental, organizada por el Colegio de Abogados, y Ud. valoró la creación de un Juzgado Ambiental en Jujuy.
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-Participó de una Jornada Ambiental, organizada por el Colegio de Abogados, y Ud. valoró la creación de un Juzgado Ambiental en Jujuy.
-Fue muy interesante la jornada, además que dos integrantes del Superior Tribunal inauguraran el acto, y que se hayan quedado a participar de las exposiciones. Esto en Tucumán no sucede. Me pareció interesante la creación en Jujuy de un Juzgado Ambiental, eso es muy rescatable. En el norte es la única provincia que tiene esa mirada. Es atribuible tanto al Dr Pablo Baca y a la Dra Silvana Morel, si bien Baca tiene una trayectoria en la defensa de los delitos ambientales. Lo conozco desde su militancia política y siempre lo he visto trabajar en materia ambiental dentro de los límites que tiene la política. También me pareció importante encontrarme con grupos ambientalistas coyas, como Minka.
-Justamente Minka realizó una asamblea en El Perchel en defensa del agua. Estas comunidades están muy preocupadas por el agua y los proyectos mineros en Quebrada y Puna.
-Si participé por teléfono con ellos, conversamos sobre la importancia de iniciar las querellas penales porque el sistema de administración federal no está funcionando en la misma medida que en Tucumán. Es contradictorio o curioso que en Tucumán la Justicia Federal tiene más de cien causas por delitos ambientales y en Jujuy ninguna. En Jujuy la justicia provincial es mas ambientalista que en Tucumán.
-¿Su visión en los delitos ambientales es avanzar con denuncias penales? ¿Lleva alguna investigación en cuanto al litio?
-La visión que tengo es penal, no creo en los recursos de amparos, acciones civiles. En Jujuy, las abogadas son partidarias de las acciones civiles y no de las demandas penales. Así que es curioso que me inviten a hablar a mí que tengo una visión distinta de defender el ambiente. Entonces en ese marco el caso del litio, tiene una particularidad en materia penal que debe ser investigada. Puntualmente el litio, para separar las sales del litio es necesario aplicar productos químicos que las empresas no quieren revelar y las empresas no lo quieren hacer, ni el Gobierno de Jujuy ni Catamarca las dos provincias donde se extrae el litio. Esos productos químicos que están utilizando no es que ponen sal, sale el sol y queda el litio. No es así. Es necesario aplicar varios productos químicos, le llamamos floculantes, es una especie de sopa química que provoca residuos y es necesario aplicar agua dulce para que reaccionen los productos. Me parece que el planteo tiene dos patas, por un lado de dónde van a sacar agua dulce. La gente de Minka dice que van a derretir un glaciar y un área periglaciar, por eso andaban con la foto del cerro de Coyamboy. La otra pata es saber qué productos químicos van a utilizar. El Gobierno no debería autorizar ninguna explotación sin saber los productos que van a utilizar y cuáles son los residuos que usarán, eso me preocupa. Y en Tucumán por algo similar tenemos procesados a dos: al CEO de Minera La Alumbrera y se han citado a prestar declaración indagatoria al presidente de la empresa, en el orden internacional por el delito de contaminación. Por contaminar el agua que mina La Alumbrera no quiere revelar, y que nosotros descubrimos a partir de los residuos que eliminaba. Pero no he visto que en Jujuy se realice un trabajo de investigación sobre cuáles son los residuos que arroja la empresa en la utilización de esa fórmula.
-¿Esto debería anticiparse en el estudio de impacto ambiental?
-Si, pero el Gobierno aceptó que no figuren los productos. No sabemos qué tiran. Además el Derecho Ambiental es precautorio: el derecho dice que antes de que tires, tenés que decirme qué tiras, y no al revés. Entiendo la preocupación de las comunidades, pero entiendo una debilidad institucional. Hay comunidades que aceptaron y son mostradas como el gran acuerdo entre los pueblos originarios y la minería; pero hay otros que se resisten y de ellos nadie habla. Es un tema que debe tener variantes y empezar a fortalecer comunidades que se oponen y darle la oportunidad para que digan por qué.
-¿Conoce la situación de los áreas periglaciares de Jujuy?
-En ese punto estoy confundido, la verdad que Jujuy ha negado sistemáticamente la existencia de glaciares. Me parece que se debe hacer una investigación y si hay algún documento público que niega esta existencia, debería hacerse al mismo tiempo una investigación en el campo del Derecho Penal, porque podría existir incluso falsificación de documentos públicos. Nosotros estamos acostumbrados a que los funcionarios políticos se pongan del lado de las empresas, y mientan en la información que le brindan al sistema de la administración de justicia. No te olvides que Jorge Mayoral, secretario de Minería de Nación, está procesado justamente por mentir al sistema de administración de justicia, al Dr Casanello, por los derrames de Jacha. Si es capaz de mentir a un juez federal de gran jerarquía, cuando menos puede ocurrir acá en la provincia. Hay un lema que tengo: detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Entonces cuando se investiga un delito ambiental es ineludible saber quién autorizó, por qué se autorizó y si hubo información falsa. Sí hubiera "información falsa" está previsto por el Código Penal artículos 292 y 296 que es falsificación de instrumento público.
-Las comunidades originarias no se oponen al progreso, a la explotación minera, sino requieren información...
-Te pongo un modelo para que veas sobre la razón que tiene esta gente. El principal productor de litio es Australia. Allí a nadie se le ocurre producir litio sin exhibir claramente cuáles son las fórmulas que se aplican. En cambio acá hacemos la excepción. Entonces no me parece que le falte razón a las comunidades originarias cuando quieren saber qué químicos utilizarán y las consecuencias. Cuando procesamos al presidente de Minera La Alumbrera nadie lo podía creer, porque es una empresa de seis mil millones de dólares ya invertidos; qué gobernador, intendente, no se tira al piso por una suma para que se invierta en su provincia. Sin embargo el sistema de administración de justicia le dio la razón a los vecinos y ambientalistas que son querellantes en la causa. ¿Pero por qué camino ese expediente y no camina en Jujuy?. Bueno porque la gente es querellante, impulsa la acción penal en vez de hacer acciones de amparo, hacen causas penales. El Gobierno debería fortalecer a las comunidades para que ellos puedan decidir con buena información, la resolución 169 de la OIT. Es el Gobierno el que tiene que ponerse del lado de las comunidades y sin temor a los agravios, hay que tolerar y explicar que es posible cambiar con la participación de estas comunidades pre existentes.
-¿Generar conciencia para la minería responsable, es un desafío para el derecho ambiental?
-Hay que ser muy responsable, felicito y admiro al Gobierno de Jujuy que esté trabajando en estos temas, que la justicia de Jujuy esté comprometida con estos temas. Me parece que el próximo paso es buscar resultados, una vez terminada la etapa de diagnóstico hay que pensar en los resultados, y quizás sea el aspecto más débil de la situación. Porque los resultados de esos diagnósticos no serán agradables. Nos pasó en Abra Pampa cuando inicié la investigación penal en 2006, era algo invisible y nadie quería escuchar que el 82% de niños tenían contaminación de plomo en sangre. Entonces eso es un ejemplo que hay temas tabú, porque el mayor control no es del agrado de las empresas que vienen a invertir.