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Juró en el Colegio de Abogados 48 horas antes de la audiencia

Viernes, 08 de junio de 2018 22:33

El abogado Juan Ángel Cabezas había pedido al Colegio de Abogados mediante un escrito que se le informe desde que fecha estaba inscripto en la Provincia el fiscal Anticorrupción, la nota tiene fecha de ingreso el 1 de junio y fue respondida 72 horas después, dando cuenta de que el cinco del corriente juraría en el Colegio de Abogados de la Provincia.

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El abogado Juan Ángel Cabezas había pedido al Colegio de Abogados mediante un escrito que se le informe desde que fecha estaba inscripto en la Provincia el fiscal Anticorrupción, la nota tiene fecha de ingreso el 1 de junio y fue respondida 72 horas después, dando cuenta de que el cinco del corriente juraría en el Colegio de Abogados de la Provincia.

El fiscal Anticorrupción se había defendido argumentando que un funcionario público no está obligado a matricularse.

Una solicitud a simple vista "inofensiva" terminó poniendo en jaque a la Justicia jujeña.

Ante la exposición del abogado Cabezas, el fiscal Anticorrupción había presentado ante el Tribunal una serie de argumentos, entre ellos citó un artículo del propio Colegio de Abogados, que les exige a los profesionales que para ejercicio de la abogacía deben matricularse en la Provincia, pero exceptúa a quienes son funcionarios públicos.

El punto oscuro de su argumento tiene que ver entonces, por qué motivo apenas 48 horas antes de la audiencia preliminar se terminó inscribiendo en el Colegio de Abogados, si consideraba que no estaba obligado a hacerlo.

Las mismas fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, informaron que de ser apartado Joaquín Millón Quintana, quedaría como único representante de los intereses del Estado el fiscal Mariano Miranda, pero como se dijo más arriba, no podrá ejercer la producción de los alegatos por no adherir a la elevación de Ministerio Público.

Además existe otra cuestión planteada por algunos de los abogados defensores que el Tribunal debe analizar. Es que se solicitó la unificación de las dos causas de hechos de corrupción más importantes de la Provincia ("Megacausa" y "Pibes Villeros") por la cantidad de imputados que son investigados por casi idénticos delitos y la finalidad de los hechos, que son el desvío de los fondos públicos que debían ocuparse para la construcción de viviendas, y se calcula un faltante de más de 60 millones de pesos, solo en esta causa que tiene como principal imputada a la dirigente social Milagro Sala, además de otros exdirigentes y exfuncionarios provinciales entre los años 2011 y 2015.

Pero su contradicción surge cuando 48 horas antes del inicio de la audiencia preliminar, se inscribió en Colegio de Abogados

 

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