En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el jefe de Policía de la Provincia comisario general Guillermo Corro, confirmó la remoción del jefe de la Unidad Regional 4, comisario mayor Raúl Cabrera, por la denuncia realizada por la subcomisario Patricia González.
Corro remarcó que se apartó al funcionario policial a los efectos de permitir que Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Comisión de Sumarios puedan trabajar con tranquilidad en la investigación que se inició para determinar lo sucedido con la oficial de la Seccional 11º.
En relación a la denuncia mediática realizada el pasado fin de semana Guillermo Corro señaló que “hemos tomado el tema con toda la responsabilidad. Las manifestaciones de este efectivo son de un hecho registrado en febrero en donde Asuntos Internos intervino y también participó la Justicia”.
Agregó el funcionario que “este canal utilizado no es el correcto ya que se podía haber recurrido a la Justicia, al departamento Central o Asuntos Internos, que se podría haber denunciado las irregularidades, de existir en la Regional de Ledesma”.
Guillermo Corro remarcó que se está actuando de oficio y se están tomando declaraciones y realizando las investigaciones correspondientes en la Unidad Regional 4.
Sobre el maltrato y la persecución que podría haber sufrido la oficial indicó que “ya se produjeron cambios de destinos y todo el personal lo aceptó, ya se concretaron una serie de traslados de regional a regional o dentro de las mismas”.
“Esta oficial tiene abierta una causa administrativa por una grave falta disciplinaria que está señalada en el artículo 15 del reglamento de la policía ya que se presentó como candidata a concejal” recordó Guillermo Corro.
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En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el jefe de Policía de la Provincia comisario general Guillermo Corro, confirmó la remoción del jefe de la Unidad Regional 4, comisario mayor Raúl Cabrera, por la denuncia realizada por la subcomisario Patricia González.
Corro remarcó que se apartó al funcionario policial a los efectos de permitir que Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Comisión de Sumarios puedan trabajar con tranquilidad en la investigación que se inició para determinar lo sucedido con la oficial de la Seccional 11º.
En relación a la denuncia mediática realizada el pasado fin de semana Guillermo Corro señaló que “hemos tomado el tema con toda la responsabilidad. Las manifestaciones de este efectivo son de un hecho registrado en febrero en donde Asuntos Internos intervino y también participó la Justicia”.
Agregó el funcionario que “este canal utilizado no es el correcto ya que se podía haber recurrido a la Justicia, al departamento Central o Asuntos Internos, que se podría haber denunciado las irregularidades, de existir en la Regional de Ledesma”.
Guillermo Corro remarcó que se está actuando de oficio y se están tomando declaraciones y realizando las investigaciones correspondientes en la Unidad Regional 4.
Sobre el maltrato y la persecución que podría haber sufrido la oficial indicó que “ya se produjeron cambios de destinos y todo el personal lo aceptó, ya se concretaron una serie de traslados de regional a regional o dentro de las mismas”.
“Esta oficial tiene abierta una causa administrativa por una grave falta disciplinaria que está señalada en el artículo 15 del reglamento de la policía ya que se presentó como candidata a concejal” recordó Guillermo Corro.
Habilitación de bailes Club Herminio Arrieta
Desde el pasado mes de febrero Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia junto al fiscal de Investigación penal Nº 9 José Alfredo Blanco investigan un importante hecho de fraude realizado en la ciudad de Libertador General San Martín, en relación a la habilitación de bailes en instituciones de esa ciudad.
Cabe recordar que una oficial jefa de la Seccional 11º incautó durante un procedimiento de control dos habilitaciones en poder del organizador del evento, una autorizando el ingreso de 1.200 personas al Club Herminio Arrieta y otra de 1.900, que excedía de esa manera la capacidad de las instalaciones.
Ambas habilitaciones habían sido cumplimentadas en las oficinas de control comercial de la Municipalidad y solo una, la de 1.200 personas, contaba con la firma del comisario de la seccional que por jurisdicción le corresponde al club.
La maniobra delictiva de algunos jefes fue mantenida en secreto por autoridades provinciales y municipales, tomando estado público en las últimas semanas cuando oficiales policiales denunciaron el caso.
Un calculo aproximado entre la venta de entradas de más y por el consumo de bebidas alcohólicas que normalmente se expenden se estima entre los 500 mil pesos y los dos millones, ya que esta situación se podría haber repetido en otros bailes.