Macri pidió terminar con las conductas "mafiosas"

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer ante los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que si alguno recibe un pedido de coimas "acá tienen un presidente" y un "equipo de gobierno ante el cual denunciarlo".

"No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley", dijo Macri.

El jefe de Estado se expresó de este modo al participar de la apertura del encuentro anual de la AEA, en el Hotel Sheraton, de esta capital, donde pidió a los empresarios "terminar con los comportamientos mafiosos" y les manifestó: "ustedes tienen que ayudar denunciándolos".

Les pidió además, "controlar el gasto público, que también tienen que denunciar para crear empleo de calidad".

Ante los empresarios, representantes de las más grandes compañías, Macri expresó: "si alguno de ustedes, quiero ser bien claro, se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno, ante el cual denunciarlo".

En otro pasaje de su discurso, el primer mandatario afirmó que desde el gobierno "estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad", tras sostener que ambos valores "son fundamental para avanzar hacia un país que queremos o nos merecemos".

Macri indicó además que este "es el momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas, de esa historia crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años".

Seguidamente, el presidente se refirió a la importancia de "terminar con los problemas de raíz y resolver las verdaderas causas porque la Argentina no es hoy el país que debería ser".

Asimismo, les dijo a los empresarios "sepan que de este lado hay un estado que los va acompañar, que ya no hay un estado que los quiera aplastar, que pone trabas, sino un estado que allana el camino para que puedan crecer y aumentar su productividad, porque ahí está el eje".

Precisó además que este "es un Estado que no cambia las reglas de juego, ni aún en las tormentas para que haya previsibilidad y poder apostar a largo plazo".

El Presidente, al comenzar su discurso, consideró que "más allá del momento que está transcurriendo en esta tormenta que atravesamos de frente están pasando cosas importantes para el futuro de los argentinos".

 

“Fuimos conscientes de lo que pasaba, pero no cómplices”

PAOLO ROCCA. PRINCIPAL ACCIONISTA DE TECHINT.

El principal accionista del Grupo Techint, Paolo Rocca, aseguró ayer que él y sus empleados jerárquicos fueron “conscientes de lo que pasaba” en torno a los presuntos pedidos de coimas del Gobierno kirchnerista, pero aseguró que “no fue cómplice ni partícipe”.

Rocca sostuvo que “Techint no participó del club de la corrupción de ninguna manera” y señaló que esa compañía, la más grande del país en materia de infraestructuras, apenas logró el 1 por ciento de participación “de toda la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación (Federal) e inversión pública en la Argentina” durante el gobierno anterior.

“Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí. Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien en ese momento. Pero creo que no fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto”, dijo Paolo Rocca al hablar ante hombres de negocios en un evento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en un hotel porteño.

El empresario consideró que la causa judicial abierta por los “cuadernos” no afectará el negocio del Grupo Techint.

“El Grupo Techint está muy comprometido con Vaca Muerta como nunca estuvo en los pasados doce años y no tiene proyecto de tal envergadura en ningún lugar el mundo. Hoy se dan las condiciones”, dijo el empresario.

Tras haber sido citado como testigo en la causa de los cuadernos, la semana pasada Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, reconoció ante la Justicia el pago de “contribuciones” al gobierno kircnnerista para que intercediera ante Venezuela para solucionar el conflicto por la estatización de Sidor en 2008, por el que negociaban una compensación.

Sobre esta declaración, explicó: “La retirada fue muy complicada, para nosotros fue un trauma enorme. El hostigamiento (del gobierno venezolano) fue muy fuerte. Actuamos para defender nuestra gente”.  

Ofrecen recompensa

El Ministerio de Seguridad ofreció ayer una recompensa de hasta dos millones de pesos para quien aporte información precisa que permita recuperar dinero, divisas o bienes en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista.

La recompensa será del 5 por ciento del valor recuperado, con un tope de hasta dos millones de pesos: el monto se determinará sobre el dinero o el valor del bien “efectivamente recuperado” y se preservará la identidad del aportante.

“Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzca a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa Nº9.608/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita’, la cual será del cinco por ciento (5%) del valor recuperado hasta un tope de pesos dos millones ($2.000.000)”, explica la resolución del Ministerio. La Fiscalía interviniente informó mediante un oficio que no existían objeciones ante el establecimiento de una recompensa para aquellas personas que, “sin haber intervenido en el hecho delictual”, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero o bienes.

Pedido del kirchnerismo en el Senado

“Este es un show mediático para humillar, en medio de la persecución política, a la senadora”, manifestó el senador Fuentes.

El bloque del Frente para la Victoria (FpV-PJ) del Senado presentó ayer un proyecto para crear una comisión del Congreso que audite la obra pública de toda la gestión kirchnerista, al tiempo que reiteró su satisfacción por la decisión de varios senadores de no dar quórum para tratar el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner.

Un día después de esa fallida sesión y en medio del escándalo por las declaraciones de empresarios que aseguran haber pagado coimas por obras públicas a la gestión anterior, el FpV presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral de Auditoría Integral de la Obra Pública que revise el período comprendido entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, tal como reclama Cristina a la Justicia.

A través de las redes sociales, la bancada que lidera la expresidente y preside el neuquino Marcelo Fuentes precisó que “la Comisión estará integrada por legisladores de los distintos bloques parlamentarios y deberá investigar y presentar un informe público con el resultado de su trabajo en un lapso de 180 días”.

De acuerdo al proyecto, la auditoría abarcaría también el ProCreAr, financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); como así también toda obra pública finalizada o en curso de ejecución en el país y que haya contado con financiamiento internacional.

La comisión se integraría, en caso de prosperar el proyecto, con ocho senadores y ocho diputados nacionales a propuesta de los presidentes de los bloques y respetando la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara.

“En octubre de 2016 un proyecto con el mismo objetivo fue presentado por diputados nacionales de nuestro espacio político, pero el oficialismo y sus aliados se negaron a tratarlo. Esperemos que en el Senado corra mejor suerte”, agregó la bancada kirchnerista.

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