El juez de Instrucción Causas Ley Pablo Martín Pullen Llermanos ordenó que en la jornada de ayer la dirigente social Milagro Sala fuera trasladada desde la cárcel federal de la localidad de Güemes, nuevamente a su casa de la ciudad de El Carmen.
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El juez de Instrucción Causas Ley Pablo Martín Pullen Llermanos ordenó que en la jornada de ayer la dirigente social Milagro Sala fuera trasladada desde la cárcel federal de la localidad de Güemes, nuevamente a su casa de la ciudad de El Carmen.
La medida se dio cumplimiento luego de que la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había pedido "con carácter urgente medidas para que se cumpla con lo ordenado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), en cuanto al arresto domiciliario de Sala y para salvaguardar su vida y estado de salud", decía la resolución.
Milagro Sala había sido trasladada al complejo Penitenciario Federal III ubicado sobre ruta provincial 113 del departamento salteño de Güemes, el pasado 7 de agosto luego de la finalización de una audiencia que se llevaba a cabo en el salón "Vélez Sarsfield" del Palacio de Tribunales, por el que la dirigente llega imputada en la causa conocida como "Pibes Villeros".
Su prisión domiciliaria había sido revocada por segunda vez, la última ocurrió luego de que Sala atentara contra su salud y se intoxicara con pastillas somníferas en su vivienda de la ciudad de El Carmen, y cuando fue trasladada por personal del Same al hospital "Pablo Soria" de nuestra ciudad, mientras estaba internada rompió el vidrio de la sala e intentó lastimarse.
En la resolución que lleva la firma de uno de los jueces que mantiene privada de libertad a Sala, se establece la disposición de "retrotraer el estado de las cosas al momento anterior y adoptando las medidas de seguridad y custodia en el caso que lo requiera, se proceda en forma inmediata al traslado", si atentara contra su salud o su seguridad.
Pero además, en la medida judicial que fue entregada al jefe de la Policía provincial, se dieron órdenes para ser cumplidas.
Como primer punto, se solicitó al personal policial a cargo del traslado, que "previo al reingreso de Sala al domicilio, se realice una minuciosa inspección en el interior de dicho inmueble, a los efectos de descartar la existencia de elementos que pudieren representar algún riesgo para la salud o seguridad de ella, facultando a los policías allanar el inmueble y hacer uso de la fuerza pública en caso de negativa de los propietarios a facilitar el ingreso".
Por otra parte, el juez residual ordenó "disponer como reglas de conducta que deberán ser observadas por Sala y sus familiares que la acompañen en el lugar de detención y bajo apercibimiento de revocación inmediata de la modalidad domiciliaria de prisión preventiva".
"Sala deberá informar y acreditar documentalmente ante el Juzgado residual a través de sus defensores y dentro de las 48 horas, respecto de todo tratamiento médico y psicológico que debe realizar, así como sobre las prescripciones de medicamentos que le fueran indicados, siendo esos únicos fármacos los únicos que serán admitidos para el ingreso".
"Los familiares de Sala estarán obligados en carácter de garantes, a velar por el cuidado de la salud, integridad física y vida misma, siendo responsables por la introducción de cualquier objeto o sustancia no permitida, o no declarada o informada al Juzgado, y de la cual pudiera resultar algún riesgo para la salud y seguridad de Sala".
Asimismo, "serán igualmente responsables por la manipulación riesgosa para la salud o seguridad de Sala, que la misma efectuare con cualquier elemento o sustancia de uso doméstico existente en el inmueble", establece otro de los puntos de la resolución.