El primer aborto legal en la provincia de San Juan desató una guerra entre médicos "provida" y las autoridades del Hospital Rawson, en donde se realizó la práctica el domingo por la madrugada. Una adolescente discapacitada, de 14 años, había ingresado a la institución para interrumpir su embarazo, ya que constataron que fue producto de una violación, una causal contemplada por el Código Penal. Sin embargo, un grupo de profesionales de la salud quiso llevar el caso a la Justicia pero se encontraron con un insólito revés.
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El primer aborto legal en la provincia de San Juan desató una guerra entre médicos "provida" y las autoridades del Hospital Rawson, en donde se realizó la práctica el domingo por la madrugada. Una adolescente discapacitada, de 14 años, había ingresado a la institución para interrumpir su embarazo, ya que constataron que fue producto de una violación, una causal contemplada por el Código Penal. Sin embargo, un grupo de profesionales de la salud quiso llevar el caso a la Justicia pero se encontraron con un insólito revés.
Fuentes del Ministerio de Salud local confirmaron a TN.com.ar que dos referentes del espacio "Provida San Juan", identificados como Federico Bazán y Paola Miers, presentaron su denuncia ante el fiscal Daniel Galvani para apuntar contra la institución que llevó a cabo la intervención. Pero en ese mismo trámite dejaron constancia de haber cometido ciertas irregularidades, que ahora jugarán en su contra.
Los médicos admitieron haber ingresado sin autorización al hospital -para impedir que se realice el aborto- y hasta haber accedido a historias clínicas. La Justicia no solo desestimó su denuncia, ya que la interrupción del embarazo está prevista por la normativa vigente, sino que comenzaron una investigación contra los denunciantes para constatar estos delitos.
De manera inmediata, el Centro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI) y el Segundo Juzgado de Instrucción se hicieron cargo de la causa y entrevistaron a la chica. Después de solicitar un examen psicológico, el juez subrogante Eduardo Raed pidió medidas probatorias del abuso, como la obtención de material ovular para identificar al autor de la violación.
Fue así como la policía detuvo a Marcelo Villalobo, un ciudadano boliviano de 32 años, dueño de la quinta de la zona Médano de Oro. Hasta el momento, es el único sospechoso en la investigación.