-Presentaron una apelación por la ley provincial sancionada el año pasado que promueve un desarrollo turístico en El Carmen como "la nueva Carlos Paz"...
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-Presentaron una apelación por la ley provincial sancionada el año pasado que promueve un desarrollo turístico en El Carmen como "la nueva Carlos Paz"...
-El amparo se presentó hace dos meses se pidió la inconstitucionalidad. Incluso el año pasado terminamos el año con la aprobación de esa ley la 6.049, en donde se cambia el cuerpo legal de las tierras. Antes eran tierras de dominio público en un área natural protegida para pasar a ser con la nueva ley un área de Desarrollo Sostenible. No solamente cambia el cuerpo de la ley, sino también el ente regulador del lugar que antes era la Intendencia de los Diques y ahora pasa a ser Agencia de Desarrollo Sostenible, que no depende del Ministerio de Ambiente de la Provincia, sino de la Gobernación directamente.
- Ustedes como Movimiento Campesino ¿luchan en defensa del área natural, ya que el "proyecto turístico" avanzaría contra esa área protegida para su explotación?
- Sí, justamente el recurso de amparo ambiental colectivo es porque denostamos el impacto que tendría este proyecto en la naturaleza, antes lo denominaban como un proyecto de ecodesarrollo. En cuanto al desarrollo lo marcaban desde un ámbito de un negocio inmobiliario arbitrariamente a lo que es la conservación de la naturaleza y el ambiente. No estamos en contra del desarrollo, o el progreso de El Carmen, estamos en contra de los tipos de desarrollo. Hay más de 100 familias que viven hace más de cuatro generaciones donde han sido abnegadas en el tiempo y no se les ha dado respuesta cuando se les ha pedido el acceso al agua, al tendido eléctrico. Y ahora justamente quieren desarrollar mediante este proyecto redes cloacales, tendido de alumbrado eléctrico. Las primeras familias datan de 1921 entonces, ya hace mucho tiempo las familias vienen luchando por esto. Sin embargo ahora con el negocio inmobiliario donde hay lotes que se van a vender entre dos a cuatro millones de pesos. El impacto que va a tener porque en una primera etapa se habla de 472 lotes en un área boscosa, donde hay flora y fauna autóctona.
-El Gobierno retiró el proyecto en un momento, se volvió a presentar algo mejorado con el consentimiento de las comunidades más allá de la audiencia pública ¿El Estado ha buscado algún canal para acercarse a ustedes?
-No en ningún momento. Todo el tiempo que hemos logrado acceder a tener un diálogo con el Gobierno fue una sola vez que nos reunimos con la ministra de Ambiente, antes que se sancione esta ley exigiéndole la participación de la gente que vive en la zona. Exigiendo una audiencia pública, la ley se aprobó en diciembre, esa audiencia se realizó en marzo, fue posterior. Al Gobierno no le quedó más que reconocer errores mediante un proyecto que no costaba con un estudio de impacto ambiental. Biólogos, especialistas han visto el estudio y dijeron esto han copiado y pegado de otros estudios. Es decir hubo poca seriedad en el proyecto. El amparo siguió su curso y esperamos que la Justicia actúe.
-¿Cuál es el ánimo de los pobladores?
-Vamos a seguir luchando. Yo soy la cuarta generación; mis abuelas han vivido en la zona y se tuvieron que ir por una orden de desalojo en 1979 cuando se inundaron las aguas de los diques y tuvieron que dejar el lugar y en ese momento en el contexto político que era la dictadura no tenían la posibilidad de reclamar a nadie. Ahora como jóvenes somos la voz de los que en aquel momento no han podido luchar y también somos la voz de la naturaleza de todo aquello que se quiere destruir, la flora y la fauna autóctona, mediante un proyecto inmobiliario. Cuando presentamos el recurso de amparo, después la audiencia pública, el Estado provincial reconoció y dejó sin efecto todo el procedimiento administrativo aceptando que se había actuado fuera de los parámetros de la Ley de Medio Ambiente de los procedimientos que debieron realizarse con anterioridad a la sanción de la ley. Se dejó sin efecto la resolución de factibilidad ambiental que permitía el avance de obras.
El Estado volvió en sus pasos, pero el Tribunal Contencioso no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad por eso la recurrimos al Superior porque esta ley deroga el área protegida.