El Tribunal Superior Electoral de Brasil vetó el sábado la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien quedará fuera de los comicios tras haber sido condenado a prisión en segunda instancia, por delitos de corrupción. Si bien no se descarta que los abogados del expresidente brasileño presenten una apelación en la Corte Suprema de Justicia carioca.
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El Tribunal Superior Electoral de Brasil vetó el sábado la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien quedará fuera de los comicios tras haber sido condenado a prisión en segunda instancia, por delitos de corrupción. Si bien no se descarta que los abogados del expresidente brasileño presenten una apelación en la Corte Suprema de Justicia carioca.
La decisión fue tomada por seis votos frente a uno, con lo que el líder más popular del país y primero en los sondeos con vistas a las elecciones del 7 de octubre próximo, en prisión desde abril pasado, quedó inhabilitado para postular a la presidencia por sexta vez, aunque el fallo emitido este sábado aún puede ser apelado.
El camino para la inhabilitación de Lula lo abrió el magistrado Luis Roberto Barroso, instructor del caso, quien se pronunció por aceptar las impugnaciones presentadas contra su candidatura sobre la base de una ley conocida como "Ficha Limpia".
Según esa legislación, paradójicamente promulgada por Lula en 2010, cuando aún estaba en el poder, toda persona con una condena confirmada en segunda instancia tiene impedido aspirar a cualquier cargo electivo.
Fernando Haddad, su posible sustituto
Aun con ese impedimento legal, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió en el tribunal electoral el pasado 15 de agosto la candidatura de Lula, acompañado como candidato a la vicepresidencia por el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien emerge ahora como el más probable abanderado presidencial de esa formación.
Barroso negó cada uno de los argumentos de la defensa de Lula, en su mayoría apoyados en una cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pedía garantías para su participación en las elecciones, sobre la cual afirmó que "no es vinculante".