Ante las versiones que arribaron a nuestra provincia, sobre la suspensión de las pensiones por discapacidad y las numerosas consultas efectuadas por beneficiarios de esa ayuda social, el defensor del Pueblo , Javier de Bedia, mantuvo conversaciones con las autoridades nacionales de la ANSES, quienes le informaron que no habrá una quita del beneficio y que la decisión del organismo es llevar adelante una revisión del sistema para evitar las certificaciones dudosas.
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Ante las versiones que arribaron a nuestra provincia, sobre la suspensión de las pensiones por discapacidad y las numerosas consultas efectuadas por beneficiarios de esa ayuda social, el defensor del Pueblo , Javier de Bedia, mantuvo conversaciones con las autoridades nacionales de la ANSES, quienes le informaron que no habrá una quita del beneficio y que la decisión del organismo es llevar adelante una revisión del sistema para evitar las certificaciones dudosas.
“No se van a suspender las pensiones por discapacidad”, aseguró el ombudsman jujeño al explicar que esa noticia fue confirmada por las propias autoridades de la ANSES a nivel central, en respuesta a una requisitoria de la Defensoría. Refirió que desde el organismo nacional le indicaron que se va a iniciar un proceso de revisión del sistema de otorgamiento del beneficio.
“Desde la ANSES nos comunicaron que se hará una exhaustiva evaluación del sistema a fin de evitar las certificaciones dudosas y que para ello se les cursará una invitación a los beneficiarios con un plazo de días para que presenten los requisitos correspondientes”, apuntó. Al mismo tiempo, aclaró que cumplido el plazo establecido y de no presentar la documentación exigida, recién allí el beneficio será suprimido.
“Se trata de un control para ver verdaderamente quiénes están habilitados para recibir el beneficio”, puntualizó y volvió a insistir que lo informado por la ANSES no dejaba lugar a dudas, aunque reconoció que el boletín del gobierno informando sobre la medida se presentó confuso, generando malestar y preocupación en la población que recibe la ayuda.
Por último de Bedia remarcó que la resolución que causó la polémica apunta a la realización de un relevamiento de datos y que la premisa es efectuar una certificación de las pensiones por discapacidad.