La actividad parlamentaria durante 2018 fue escasa, las sesiones en ambas Cámaras se pueden contar con los dedos de una mano, y los proyectos tanto de los legisladores como del Gobierno dejan a la vista la poca actividad en el Congreso.
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La actividad parlamentaria durante 2018 fue escasa, las sesiones en ambas Cámaras se pueden contar con los dedos de una mano, y los proyectos tanto de los legisladores como del Gobierno dejan a la vista la poca actividad en el Congreso.
El debate por la despenalización del aborto fue la estrella de las discusiones en el recinto. El proyecto, que volverá a ser impulsado este año, se robó la atención de miles de argentinos que siguieron, minuto a minuto, los cruces entre diputados y senadores.
Este año no parece ser diferente respecto a la actividad parlamentaria. En un año electoral, que promete ser intenso, poco se sabe de las iniciativas que presentarán la oposición y las que impulsará el Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno anticipó que apenas se retome la actividad parlamentaria, enviará al Congreso su primer proyecto sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Todavía en borrador, ya sumó innumerables críticas y rechazos. El proyecto que los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano defienden con uñas y dientes promete ser el centro de la escena en este año electoral.
La oposición ya confirmó que rechaza de pleno la iniciativa e intentará frenarla antes de que llegue al recinto.
La iniciativa propone la modificación del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Entre los puntos más sobresalientes el proyecto contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. Determina un criterio de escalas por edad: a los 15 años los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios.
El Gobierno intentará negociar con la oposición para lograr su aprobación, en un Congreso donde el oficialismo tiene mayoría en Diputados y minoría en la Cámara de senadores.
Otro de los proyectos que traerá cola será el de la Reforma Laboral. El Gobierno anunció a fines de 2018 que insistirá este año para que el proyecto, que ya fue presentado en varias oportunidades, pueda salir a flote.
Con esta iniciativa el Gobierno se enfrentará a los gremios, el brazo más duro de la oposición que saldrá al cruce y presionará al oficialismo en las calles. En general, denuncian que favorece al empleador y castiga a los empleados, por eso, el rechazo es contundente.
El proyecto propone cambios en las contribuciones patronales, la Ley de Contrato de Trabajo y en los cálculos de las indemnizaciones: Los empleadores tendrán un año para blanquear sus relaciones laborales. Se reduce el cálculo de las indemnizaciones, ya que no toman en cuenta horas extras ni cualquier bonificación, aunque estas sean habituales y se crea un fondo para que el trabajador cobre cuando sea despedido. Se reduce de 2 a 1 año el plazo que tiene un trabajador para hacer un juicio a su actual o exempleador, entre otros puntos.
Lo cierto es que el Gobierno no deja de pensar en la reforma laboral e insistirá hasta el último momento antes de las elecciones, aun sabiendo el costo político que tendría debatir el proyecto en un año electoral.
Por último, el Gobierno impulsará un polémico proyecto de ley para permitir la rápida expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país. La noticia llegó de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que aquellos que ingresen al país "deben aceptar" las normativas vigentes.
Respecto a esta iniciativa, las posturas todavía no se hicieron escuchar, aunque también promete ser un debate subido de tono.
En este año parlamentario, la oposición saldrá al recinto con los tapones de punta. Sabe que cada debate puede perjudicar la imagen del Gobierno, que cayó en picada en los últimos meses. Intentará ejercer la mayor presión que se pueda para complicar la reelección de Macri.
El oficialismo, por su parte, reconoce que el escenario no es favorable para retener la presidencia, pero confía en que la eventual aprobación de los proyectos no influirán en las elecciones (Paso y de octubre).
El escenario es abierto y el Congreso podría convertirse en una batalla campal durante el año electoral.
Aborto
El debate por la legalización del aborto fue uno de los temas centrales durante 2018 y este año, no parece ser diferente.
El proyecto volverá a ser presentado en marzo de este año, con algunas modificaciones que ya fueron acordadas por los diputados, para que la iniciativa llegue a buen puerto.
Sobre esta iniciativa, el Gobierno se mostró favorable a acompañar el proyecto con la cantidad de legisladores posibles, sin embargo, el diputado del oficialismo Daniel Lipovetzky advirtió que tiene poca posibilidades de ser aprobado por la actual conformación actual de la Cámara de Senadores, donde el año pasado fue rechazado por 38 votos negativos, contra 31 a favor.
Será la octava vez que la iniciativa llegue al Congreso, donde los años anteriores perdió estado parlamentario ya que el Gobierno anterior se negó a tratarlo.
Ley “antibarras”
Entre las iniciativas menos resistidas en el Congreso, se encuentra la Ley “antibarras”.
Este proyecto impulsado por el Gobierno luego del escándalo desatado en la final suspendida entre Boca y River por la Copa Libertadores de América obtuvo media sanción en la Cámara baja, en diciembre de 2018, cuando el Presidente convocó a extraordinarias, pero por falta de acuerdos en el Senado, el proyecto volvió a comisión y el debate se retomará en los próximos meses.
Por el momento, no hay apuro para tratar el proyecto, ya que cuendo llegue al recinto sería solo un trámite, porque ya está casi acordado.
Las diferencias entre el oficialismo y la oposición son mínimas sobre este proyecto, así que sería una de las iniciativas que no le darían un dolor de cabeza al Gobierno.