El ministro de Justicia Germán Garavano defendió ayer la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que "sería una ley modelo para la región y gran parte del mundo" ya que, fuera de una baja de la imputabilidad, plantea "un régimen socioeducativo, reintegración social y trabajo que actualmente no existe".
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El ministro de Justicia Germán Garavano defendió ayer la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que "sería una ley modelo para la región y gran parte del mundo" ya que, fuera de una baja de la imputabilidad, plantea "un régimen socioeducativo, reintegración social y trabajo que actualmente no existe".
En declaraciones radiales, agregó que bajar a 15 años la edad de imputabilidad "es un tema marginal" entre los 100 artículos del proyecto.
También apuntó que, en caso de que se lograra aprobar en el Congreso, la iniciativa permitiría saldar una "deuda de la democracia", ya que daría las herramientas para que "el Estado, cuando un joven tome la senda del delito, pueda sacarlo del espiral delictivo".
"El joven necesita que el Estado se interese y lo ayude, ver cómo lo saca de ese modo de vida del delito que después es tan difícil de revertir", dijo Garavano a radio Cooperativa.
"Trabajamos sobre estadísticas del Ministerio de Justicia y de otros organismos públicos que indican que, si bien el número de casos de menores de 15 años que cometen delitos graves contra la vida no es significativo, es el momento en el que se produce el quiebre a delitos más graves", explicó.
Sin embargo, dijo que "la edad de imputabilidad es un tema marginal en el proyecto" y remarcó que "hoy el sistema de justicia no tiene herramientas ni capacidades para enfrentar la intervención de los jóvenes en el delito y los jóvenes no tienen posibilidad de defensa".
"Conozco la situación de los institutos de menores, por eso es importante esta ley, que cambia este paradigma por completo", concluyó.
Registro con muestras de ADN
El Gobierno presentará un proyecto de ley para crear un registro con las muestras de ADN de todas las personas que hayan cometido un delito doloso, sin distinguir la gravedad del hecho.
La idea es ampliar el uso del mecanismo que ya se utiliza para los condenados por violación, quienes deben someterse a exámenes genéticos para que sus datos queden guardados en una lista.
La iniciativa llega luego del anuncio por parte del Ejecutivo de la adquisición de las pistolas Taser para la Policía y la reforma que impulsa del Régimen Penal Juvenil para bajar a 15 años la edad de imputabilidad.
Si el proyecto avanza, a ese registro de criminales sexuales se sumarán aquellos que cometan homicidios, secuestros extorsivos, lesiones graves, robos y todo el resto de “delitos dolosos tipificados en el Código Penal”.
Según trascendió, el texto fue elaborado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y aprobado técnicamente por el Ministerio de Justicia, que dirige Germán Garavano.
El proyecto propone puntualmente la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, creado en el 2013 por la Ley 26.879 luego de la indignación de gran parte de la sociedad por el caso de Ángeles Rawson.
A los condenados por este tipo de hechos se les realizará un hisopado en la garganta que será procesado después en laboratorios certificados por el Estado, como ya ocurre con los violadores. Esos datos se sumarán después al registro general que fue provisto por el FBI.
Una “Justicia particular”
El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, abogó ayer por la constitución de “un mecanismo más eficiente y rápido” así como por “una Justicia particular” que desburocratice la deportación de extranjeros que cometan delitos y defendió el debate en el Congreso de un nuevo régimen penal juvenil, que reemplace al que rige en el país desde varias décadas.
En diálogo con las radios Mitre y Cooperativa, Millman manifestó ayer que “el sistema actual de extrañamiento (de expulsión de un delincuente extranjero) es muy engorroso y hace que los delincuentes permanezcan meses o años en la Argentina cuando, en los países de la región, en 48 horas se los devuelve a su país de origen”.
“Tener un mecanismo más eficiente y rápido y una Justicia particular ante este tipo de situaciones es una buena decisión por parte del Ejecutivo”, manifestó.