El Tribunal en lo Criminal Nº 3 notificó a las partes que integran el expediente judicial 822/18 conocido comúnmente como "Pibes Villeros" que el próximo 6 de marzo se darán a conocer los fundamentos del fallo que había resuelto condenar a la pena de 13 años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, entre otras personas.
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El Tribunal en lo Criminal Nº 3 notificó a las partes que integran el expediente judicial 822/18 conocido comúnmente como "Pibes Villeros" que el próximo 6 de marzo se darán a conocer los fundamentos del fallo que había resuelto condenar a la pena de 13 años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, entre otras personas.
El pasado 16 de enero, cuando se dio lectura de la parte dispositiva del fallo, los fiscales de Cámara y los querellantes adelantaron que apelarán algunas condenas una vez estudiado los fundamentos.
Además de la dirigente social, llegaron a juicio otras 29 personas imputadas por distintas calificaciones legales, que para la investigación judicial habían tenido cierta participación en el faltante de más de 60 millones de pesos destinados a la construcción de soluciones habitacionales, que la Red de Organizaciones Sociales debía construir durante el período del 2011 y 2015.
Trece cooperativistas fueron absueltos por el beneficio de la duda, uno por falta de acusación fiscal y tres imputados deben cumplir pena de ejecución condicional.
Por otra parte, nuestro diario pudo saber que los abogados defensores de la mayoría de los imputados que fueron condenados van a apelar el fallo, porque sostienen la nulidad del proceso judicial, entre otros puntos que plantearon en la producción de sus alegatos.
A continuación el detalle del fallo resuelto por el Tribunal enjuiciador:
Milagro Sala: 13 años de prisión por hallarla "jefa de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión". Llegó a juicio en calidad de detenida beneficiada con la prisión domiciliaria.
Raúl Noro: 3 años de prisión ejecución condicional por "encubrimiento agravado".
Javier Nieva: 8 años de prisión por "asociación ilícita y fraude a la administración pública y extorsión". Llegó a juicio detenido.
Mabel Balconte: 8 años de prisión por "asociación ilícita y fraude a la administración pública y extorsión". Pedido de desafuero de la Legislatura provincial.
Marcia Sagardia: 8 años de prisión por "asociación ilícita y fraude". Pedido de desafuero del Concejo Deliberante de San Pedro.
Graciela López: 8 años de prisión por "asociación ilícita y fraude a la administración pública y extorsión". Llegó a juicio en calidad de detenida.
María Sandra Condorí: 8 años de prisión "asociación ilícita y fraude a la administración pública y amenazas coactivas". Llegó a juicio en calidad de detenida beneficiada con la prisión domiciliaria.
Adriana Noemí Condorí: 8 años de prisión de prisión por "asociación ilícita y fraude a la administración pública y amenazas coactivas". Llegó a juicio detenida.
Patricia "Pachila" Cabana: 7 años de prisión por "asociación ilícita y fraude" y se dispuso su inmediata detención.
Iván Altamirano: 7 años de prisión "asociación ilícita y fraude" y se dispuso su inmediata detención.
Miguel Sivila: 7 años de prisión por "asociación ilícita y fraude" y se dispuso su inmediata detención.
Mirta "Shakira" Guerrero: 6 años de prisión por "asociación ilícita, partícipe secundario de fraude". Llegó a juicio detenida beneficiada con la prisión domiciliaria.
Mirta Aizama: 6 años de prisión por "asociación ilícita, partícipe secundario de fraude". Llegó a juicio en calidad de detenida.
Gladis Díaz: 6 años de prisión por "asociación ilícita y partícipe secundario de fraude". Llegó a juicio en calidad de detenida.
Los cooperativistas Olga Inés Tufiño, Marcos Almasana, Alberto "Beto" Cardozo, Juan Manuel Nieva, Héctor Lacsi, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Sala, Marcelo "La Vieja" Almasana, Juan Manuel Aguilera fueron absueltos por el beneficio de la duda, quienes habían llegado a juicio acusados de ser los supuestos coautores de "fraude a la administración pública".
José "Peruano" Choque fue absuelto por el beneficio de la duda. Había llegado a juicio acusado de ser el supuesto autor de "fraude a la administración pública".
Raúl Aguilera: absuelto por falta de acusación fiscal, pero hoy detenido en la provincia de Formosa por un tema relacionado al narcotráfico.
Lucío Abregú: 3 años de ejecución condicional por "fraude a la administración pública".
Pablo Tolosa: 2 años de prisión ejecución condicional por "fraude a la administración pública". Había llegado a juicio acusado de la supuesta autoría de "fraude a la administración pública" (14 hechos en concurso real).
Gustavo Martínez: absuelto por el beneficio de la duda. Había llegado a juicio acusado de la supuesta autoría de "falsedad ideológica y partícipe necesario de fraude a la administración pública", al igual que Emilio Bustos: quien también fue absuelto por el beneficio de la duda.
La fiscalía adelantó que apelará la sentencia
TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 3/ LAS JUEZAS CAROLINA PÉREZ ROJAS, MARÍA ALEJANDRA TOLABA Y CECILIA SADIR.
Una de las fiscales de Cámara en el debate oral, Liliana Fernández, le había adelantado a la prensa que van a apelar el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, sobre con la pena de ejecución condicional que recibieron los exfuncionarios del Instituto de Viviendas Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea.
Además, la fiscal en esa oportunidad se había reiferido a la condena de 13 años que recibió la dirigente social Milagro Sala y dijo que “nosotros esperábamos más, ahora vamos a ver como elllas (las juezas) han valorado el pedido de pena de la fiscalía (de 22 años). Si bien terminaron condenándola (a Sala) por los tres delitos, nosotros pedimos las penas máximas para cada delito, por eso vamos a ver cuáles fueron las consideraciones y los elementos que han incidido en esa pena”, dijo.
También apuntó a las penas que recibieron las hermanas palpeleñas de apellido Condorí, y las calificó de “contradictorias”. Las dirigentes fueron condenadas por amenazas coativas y les dieron la misma pena que los otros condenados por extorsión.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3 solicitó un permiso especial al Superior Tribunal de Justicia para analizar los fundamentos de este complejo y extenso expediente judicial, que tiene más de 90 puntos requeridos por las partes, entre ellas nulidades del proceso.
A partir del próximo 6 de marzo, tanto la fiscalía de Cámara, como la querella y los abogados defensores podrán apelar si creen conveniente el fallo que condenó a los imputados