Con la idea de atender un espacio que despierta singular preocupación en la sociedad, peleando el primer lugar permanentemente con la economía, el Gobierno sigue intentando buscar soluciones para la cuestión de la inseguridad.
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Con la idea de atender un espacio que despierta singular preocupación en la sociedad, peleando el primer lugar permanentemente con la economía, el Gobierno sigue intentando buscar soluciones para la cuestión de la inseguridad.
Ahora avanzará con un tema de vieja data, al que han meneado otros gobiernos pero que siempre queda en el camino: la baja de la edad de imputabilidad.
Ese no es un tema nuevo para el Gobierno, que dio señales de avanzar de manera decidida en enero de 2017, pero se quedó en el camino. En esa oportunidad el Gobierno insistió con su intención de enmarcar la baja de la edad de imputabilidad en una reforma más amplia, con la intención de discutirlo en el Congreso antes de las elecciones, si se lograba un consenso generalizado.
Garavano informó en ese entonces que “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.
En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no les reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activa por parte del Estado”.
Ahora el Gobierno retoma el tema, según adelantó ayer el diario Clarín, y el Presidente estaría dispuesto a enviar un proyecto al Congreso para tratar de aprobarlo nada menos que en las sesiones extraordinarias de febrero. Pero a diferencia de la intención original, en lugar de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14, se pasaría a 15, aplicándola para los delitos más graves.
Previsiblemente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich era partidaria de la baja de imputabilidad a 14 años, pero habría accedido a modificar su postura cuestión de garantizar la modificación de la ley vigente desde 1980.
Habría un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego.
Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años.
Asimismo el proyecto elaborado incorporaría mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores.
En caso de que la investigación preliminar establezca que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaborará un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
En el proyecto original, se adelantaba que buscarían la reinserción de los jóvenes más que el castigo y el cumplimiento de una condena, sin apartarse de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que deben cumplir sus penas apartados de adultos y no pueden ser castigados con prisión perpetua.