La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a quince años la edad de imputabilidad para delitos graves, y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.
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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a quince años la edad de imputabilidad para delitos graves, y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.
El Poder Legislativo se encuentra en receso durante enero, por lo que, si el presidente Mauricio Macri convoca a sesiones extraordinarias en febrero, la iniciativa podría comenzar a ser debatida antes del inicio del período ordinario previsto para el 1º de marzo.
Bullrich aseguró que se trata de un "régimen socioeducativo" y destacó que, independientemente de la edad que tenga, "cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad".
La ministra de Seguridad precisó a radio Mitre que el proyecto en el que trabaja el Gobierno, y que sería enviado en febrero al Parlamento, una vez que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, "avala la teoría de (Rudholph) Giuliani (el ex Alcalde de Nueva York) de que, cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva".
"El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual", aseguró Bullrich.
A su turno, el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez, consideró que la reforma es "una deuda que tiene la democracia argentina".
El funcionario dijo a radio Continental que el Gobierno propuso "crear un sistema de responsabilidad penal juvenil donde el eje central es tener una justicia especializada, con gente capacitada y una formación adecuada para atender esta problemática".
Al respecto, en el Congreso hay varias iniciativas vinculadas con la cuestión de la imputabilidad de menores, aunque su debate se vio trabado en los últimos años por cuestiones de política y de ideología.
En 2009, por ejemplo, la Cámara alta había aprobado un Régimen Penal Juvenil con el apoyo del entonces oficialismo kirchnerista, pero su debate naufragó en Diputados y, finalmente, en 2012 perdió estado parlamentario.
Finalmente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, atribuyó a la "campaña electoral" la discusión sobre la baja de la edad.
Silberstein opinó que esa iniciativa "es parte de las etapas de campaña electoral" y consideró que "es más importante definir qué políticas vamos a aplicar frente a los menores, imputables y no imputables".
"Hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad", consideró Silberstein, quien subrayó que "uno de los debates más importantes es si se puede tener un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario".
El proyecto
El proyecto contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años.
La iniciativa contemplará un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, (homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas).
Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (médicos, psicólogos, docentes).