El debate por una baja de la imputabilidad volverá a reactivarse estos días a partir del próximo envío al Parlamento de un proyecto del Gobierno nacional para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que contempla una disminución de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.
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El debate por una baja de la imputabilidad volverá a reactivarse estos días a partir del próximo envío al Parlamento de un proyecto del Gobierno nacional para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que contempla una disminución de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.
Actualmente rige en la Argentina un decreto ley de la época de la dictadura (1980) que no resulta eficaz en términos de prevención.
El Congreso intentó durante los últimos veinte años avanzar en la discusión de bajar la edad de imputabilidad, pero el tema nunca pudo llegar al recinto debido a la falta de acuerdo político.
Es más: tanto en Diputados como en el Senado siguen vigentes distintos proyectos sobre esta cuestión, pero aún no fueron debatidos en las comisiones respectivas.
En cualquier caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó ayer que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto que crea un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad.
Si bien, el Ministerio de Seguridad y el de Justicia trabajaban desde hace dos años en un proyecto para establecer un Régimen Penal Juvenil, que incluía una escala de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (dos años menos que la edad actual) para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y eventualmente robos con armas.
La actual iniciativa finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad.
Sin embargo, a pesar de los intentos de diferentes gestiones, las discusiones sobre la baja de imputabilidad a menores siempre se trabaron en el Congreso por las divisiones políticas, que atraviesan a la mayoría de los bloques parlamentarios sobre esta materia.
Sólo el Senado pudo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas de los legisladores kirchneristas, del radicalismo, la izquierda y del socialismo, y la norma en debate perdió finalmente estado parlamentario.
En la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi.
Las divisiones en torno a la cuestión atraviesan a diferentes bloques, incluyendo a Cambiemos, el Frente Renovador y el kirchnerismo; en 2013, por ejemplo, el entonces candidato a diputado bonaerense por el FPV-PJ e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, y tuvo que soportar duras críticas de sus pares.
En el Senado, en tanto, sólo dos proyectos de ley aún tienen vigencia, y fueron presentados por el Partido Renovador de Salta y el kirchnerismo.
La iniciativa de la salteña María Fiore Viñuales, que remite a un proyecto presentado en 2016, tiene como objetivo establecer un sistema penal para contener a menores de entre 13 y 18 años que cometan delitos.
El expediente, además, se afirma en la sanción de un proyecto de similares características al de 2009, que perdió estado parlamentario en Diputados en 2012.
El proyecto de la exsenadora kirchnerista María Laura Leguizamón, finalmente, está basado en la discusión original; aunque esa iniciativa no resultara sancionada en febrero, perderá estado parlamentario a partir del 1 de marzo.
Esa ley además tampoco es respetuosa de los derechos y garantías de los menores, opinan los especialistas.
“Dispuesto a negociar”
El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares, aseguró ayer que el Gobierno está “dispuesto a negociar” y obtener un “consenso fuerte” para el tratamiento y aprobación de un proyecto de sistema de responsabilidad penal juvenil.
“Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia, y tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada”, manifestó Casares.
“El tema más álgido, no sé si el más importante, es el tema de la edad de imputabilidad. Estamos dispuestos a consensuar, a negociar, y a adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil”, añadió en declaraciones formuladas ayer a radio La Red.
El funcionario destacó que en 2017 se constituyó una comisión de especialistas que preparó un primer proyecto de lo que se denomina sistema de responsabilidad penal juvenil.
“Tenemos que ir hacia un sistema que implique un cambio de paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos. Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque”, dijo.
Medida “marketinera”
La diputada kirchnerista Nilda Garré consideró que el proyecto del Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad a 15 años es “marketinero, basado en la sensación de inseguridad que siente, en general, la gente”.
“Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad, esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución”, aclaró, pero señaló que “es complejo” y no se resuelve con “medidas efectistas ni marketineras”. “Esto requiere que distintas agencias del Estado se articulen y se pongan a dar solución al problema, a la prevención del delito y después a la reinserción”, dijo.
Para la legisladora, la decisión de insistir con este tema está dirigida a “los votantes de Cambiemos” para quienes, según las encuestas, “la inseguridad está en el segundo lugar” detrás de la inflación. “Hay toda una cantidad de medidas que tiende a satisfacer una tendencia punitiva”, subrayó la exministra de Seguridad.
Y criticó al Gobierno nacional por creer que “con más penas, con más armas, con policías con facultades de uso de armas letales” se soluciona la inseguridad. Además, Garré sostuvo que hay una “’bolsonarización’ del discurso”.