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La Constitución plantea el deber de prevenir o mitigar los daños ambientales para poder transferir los bienes a generaciones futuras.
Un especialista en derecho ambiental advirtió la necesidad de incrementar los controles sobre el cumplimiento de la normativa específica para prevenir el daño al ambiente. Opinó sobre la denuncia de los vecinos de Los Paños por la instalación de un crematorio y la muerte de flamencos en la Laguna de Pozuelos. Indicó que es el Estado quien tiene el deber de prevenir cualquier daño al ambiente.
Kevin Ballesty, abogado especializado en derecho ambiental, en diálogo con El Tribuno de Jujuy dio su opinión sobre varios temas que se han discutido en la opinión pública durante los últimos días, entre ellos el caso de la muerte de flamencos en la Laguna de Pozuelos, hecho en el que existe la sospecha que podría ser consecuencia de la contaminación producida por pasivos ambientales de la actividad minera. Y por otro lado analizó la demanda de los vecinos de Los Paños que rechazan la instalación de un crematorio al considerar que será fuente de contaminación para el agua y el aire.
Ballesty indicó que haciendo un análisis desde el derecho ambiental ligado a las políticas públicas es necesario comprender que "el Estado es el principal agente de prevención y quien debe ejercer el control sobre el desarrollo de actividades degradantes para el ambiente y el patrimonio natural y cultural".
Sobre el caso de la muerte de los flamencos, tema que causó mucho interés de la población en las redes sociales, indicó que constituye un daño a la diversidad biológica, por lo que es necesario que la autoridad de aplicación realice los estudios pertinentes para descartar que las muertes sean por contaminación.
Sobre la versión del Ministerio de Ambiente que indicó que las muertes de las aves se produjeron por una granizada repentina indicó que esa sería "solo una posible causa" y que resta conocer si se tomó muestras del agua y de los restos de los animales para saber si existe algún foco de contaminación.
KEVIN BALLESTY
Sin embargo destacó que lo primordial es trabajar en la prevención, ya que explicó que "la Constitución Nacional nos impone el deber de preservar. Cuando se habla de preservación se hace referencia a aquellas actividades de anticipación del daño que deben llevarse adelante desde el Estado para evitar contaminación o degradación que pueden ocasionar una pérdida como podría ser el caso de la muerte de 100 ejemplares de flamencos".
Explicó que la Ley 25.675, Ley General del Ambiente, determina principios entre los cuales el fundamental es el "deber de prevención". Lo que busca el derecho ambiental es garantizar que los bienes ambientales sean transferidos a generaciones futuras.
"Si la prevención no se cumple desde la autoridad de aplicación se estarían incumpliendo principios básicos del derecho ambiental contenidos por la Ley General de Ambiente y que devienen de la Constitución Nacional", señaló.
En cuanto a la preocupación que expresan distintos sectores de la comunidad sobre la posible contaminación que deviene de la actividad minera, el especialista indicó que "la actividad minera como cualquier otra actividad genera residuos contaminantes que pueden convertirse en una amenaza para el ambiente. Por lo que consideró de vital importancia incrementar los controles y la fiscalización de forma disciplinada y constante.
"Necesitamos una política ambiental clara basada en los principios del derecho ambiental: la prevención y la precaución", añadió. Consideró que "con muy poca inversión se pueden prevenir muchos daños al ambiente. Y esa inversión en prevención tiene que estar direccionada hacia las actividades más degradantes. Debe haber prioridades establecidas".
En cuanto a las actividades productivas más contaminantes señaló que a nivel nacional las más degradantes son la actividad minera, petrolera, petroquímica y los polos productivos que concentran una gran cantidad de empresas que generan muchos residuos contaminantes como los parques industriales. Consideró que en Jujuy hay que poner los esfuerzos en la prevención de daños derivados de la actividad minera, la petrolera aunque es muy poca en el territorio provincial y la producción agrícola ganadera.
“Los estudios de impacto ambiental deben ser previos”
Sobre la denuncia que realizaron los vecinos de Los Paños ante la Justicia pidiendo la paralización de la construcción de un crematorio, Ballesty indicó que existirían irregularidades en cuanto a la presentación de los requerimientos legales para iniciar una obra de este tipo y que el Ministerio de Ambiente estaría ejerciendo “tarde” su deber de control y fiscalización.
Explicó que para iniciar una obra de ese tipo se debe realizar la solicitud ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia quien debe analizar los estudios de impacto ambiental y la viabilidad de la actividad previamente al inicio de cualquier obra.
La empresa debe acercar toda la información legal y técnica como los estudios de impacto ambiental. “Lo primero que se tiene que ver es cuál será el impacto positivo y negativo de la obra para evaluar cuáles son las medidas de mitigación que se le debe solicitar a la empresa. Tras todo ese procedimiento legal y técnico la empresa podría acceder a la habilitación para iniciar la obra civil de construcción. Pero en ese caso está muy mal hecho todo”, sentenció. Por último opinó que es muy probable que esa actividad sea altamente contaminante.