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Imputaron a docentes de una escuela de Libertador

La madre mintió en la institución que había formulado la denuncia en contra de su pareja, pero éste la siguió abusando.
Miércoles, 02 de octubre de 2019 01:04

Una directora y una docente de Libertador General San Martín fueron imputadas por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", por no haber formulado denuncia, al haber tomado conocimiento de que una alumna de la institución escolar estaba siendo abusada por la pareja de su madre en el seno del hogar.

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Una directora y una docente de Libertador General San Martín fueron imputadas por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", por no haber formulado denuncia, al haber tomado conocimiento de que una alumna de la institución escolar estaba siendo abusada por la pareja de su madre en el seno del hogar.

 

El abusador es Oscar E. (60), domiciliado en Libertador, fue imputado y permanece detenido a disposición de la Justicia.

 

Se supo que las docentes habían citado a la madre de la niña para ponerla al tanto del abuso, pero la progenitora afirmó haberse hecho cargo de la situación y haber hablado con la Fiscalía.

Tiempo después, se comprobó que la madre nunca denunció a su pareja, quien continuó abusando de su hija.

Como las docentes no constataron la formulación de la denuncia, fueron imputadas.

Tras tomar conocimiento de la causa que se les imputa, deberán designar a sus abogados defensores y en los próximos días prestarán declaración o se abstendrán de hacerlo, tal como lo prevé la normativa vigente.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el titular de la Fiscalía de Investigación Nº 11, agente fiscal José Alfredo Blanco, indicó ayer que las actuaciones que lleva a cabo la Fiscalía Nº 11, se iniciaron a partir del mes de mayo, en razón de que en el mes de diciembre del 2018, personas allegadas a una menor de 13 años que concurre a una escuela secundaria de aquella localidad, pusieron en conocimiento de la profesora de una supuesta situación de abuso que estaría sufriendo la alumna.

"Esta docente solicitó a la niña que redacte por escrito la situación que estaba sufriendo en su domicilio, luego remitió la nota a la dirección del establecimiento, desde donde se hizo concurrir a la madre de la menor a fin de consultarle si había formulado denuncia por los hechos que mencionaba la niña", informó el fiscal Blanco.

"Conformes con las explicaciones que dio la madre, las funcionarios públicos no realizaron las denuncias penales respectivas. Esto ocurrió en septiembre del año pasado", dijo Blanco.

Apuntó que "posteriormente, por las averiguaciones que continuó llevando a cabo la Fiscalía, se tomó conocimiento que la niña, supuestamente, continuó siendo víctima de agresión de abuso sexual por parte de la pareja de su madre hasta el mes de mayo de este año", remarcó el letrado.

Una causa penal

Eso motivó que más allá de la causa penal que se sigue en contra del padrastro, por las agresiones sexuales que llevó a cabo sobre la víctima, se iniciara paralelamente una actuación en donde se ha imputado a la directora y a la docente de este establecimiento secundario por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público".

Tras ser consultado por el motivo de la imputación y en qué error incurrieron las docentes, el fiscal explicó que hay una amplia legislación nacional y provincial que establece la obligación de los funcionarios públicos, que en razón de sus tareas, toman conocimiento de este tipo de hechos, ya sean establecimientos públicos y privados, sanitarios, asistenciales o educativos, de formular la denuncia respectiva.

"Sabemos que en estos casos, muchas veces las madres de las víctimas no formulan la denuncia penal respectiva y es obligación de los funcionarios de que si no se puede constatar de que se ha llevado a cabo la denuncia y se ha iniciado un proceso, ellos mismos se hagan cargo y formulen la denuncia penal respectiva", indicó Blanco.

"De hecho, en esta fiscalía hay muchas causas que se tramitan por denuncias de docentes, asistentes sociales, médicos o enfermeros, que detectan estos casos de abuso. Por lo tanto, es deber de los funcionarios el dar cumplimiento a estas leyes que no son nuevas, son de hace muchos años, tanto en el ámbito nacional como provincial. Tanto la directora como las docentes fueron citadas para tomar conocimiento de la causa que se les imputa, designar sus abogados defensores, brindarles las garantías constitucionales que corresponden y en los próximos días, prestarán declaración o se abstendrán de hacerlo, según cuál sea su deseo y como lo prevea la normativa vigente", remarcó el fiscal Blanco.

“Cómo debe proceder el docente”, explicó el fiscal Blanco

FISCAL JOSÉ BLANCO / TIENE A SU CARGO EL ABERRANTE HECHO DE ABUSO DE UNA MENOR.

En cuanto a cómo debe proceder el docente al tomar conocimiento de un hecho de abuso, el fiscal José Alfredo Blanco explicó que “está bien que por disposiciones internas que tengan en el ámbito administrativo, convoquen a los progenitores tutores, guardadores, labren las actas respectivas en estos casos, pero es deber del funcionario público el verificar si se ha formulado denuncia penal alguna y si no pueden constatarlo, acercarse a las distintas opciones que hoy brinda la Justicia, tanto en la comisaría, el ayudante fiscal, la propia fiscalía o el juzgado”. 

“Reitero, en caso de que no puedan constatar o que no haya sido posible verificar que los responsables del menor hayan efectuado la denuncia, deben hacerlo los funcionarios públicos. Es su deber, su obligación y así está impuesta por distintas leyes”, afirmó el letrado.
Cabe acotar que respecto a este tema tan delicado, docentes de diversos establecimientos expresaron su preocupación por cuanto no saben cuál es la manera correcta de actuar, si acatan la ley, si se rigen por el protocolo que les impone el Ministerio de Educación o por lo que les dice la policía, ya que en reiterados casos, el oficial de turno se niega a recepcionar la denuncia si no está presente el progenitor. 

Ante este interrogante, el fiscal acotó que estima que los protocolos que tienen las instituciones educativas, al igual que las de salud y demás, deben estar de acuerdo a las leyes nacionales y provinciales vigentes, y en caso de que las autoridades policiales brinden algún obstáculo para la toma de denuncia, deben hacerlo ante las autoridades judiciales de manera inmediata y respecto al personal policial, se dispondrán, como muchos otros casos, las sanciones que correspondan. 

“Actualmente, conforme a la legislación vigente, cuando nos encontramos ante supuestas víctimas menores de edad a la Fiscalía le basta para comenzar la investigación, la denuncia del funcionario público, del progenitor y hasta cualquier persona particular lo puede hacer, porque entendemos que muchas veces en lo difícil que resulta el ámbito familiar, los padres de la víctima están coaccionados de denunciar porque están siendo apuntados como supuestos responsables algunos integrantes de la familia”, dijo Blanco tras acotar que “en este caso es que la legislación ha previsto que la denuncia se formule no sólo por los funcionarios públicos sino por cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación pero en el caso de los funcionarios públicos sus obligaciones están establecidas por ley”.
En este hecho en particular que tiene que ver con los funcionarios públicos interviene la Fiscalía de Investigación Nº 11.

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