Miles de ecuatorianos protestaron ayer en rechazo a las últimas medidas económicas del presidente Lenín Moreno, entre ellas la quita de los subsidios a los combustibles.
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Miles de ecuatorianos protestaron ayer en rechazo a las últimas medidas económicas del presidente Lenín Moreno, entre ellas la quita de los subsidios a los combustibles.
En las calles la tensión estalló cuando un grupo de estudiantes rompió el cerco policial en las afueras del Palacio del Gobierno.
La policía lanzó gases lacrimógenos para repelar a los manifestantes, que retrocedieron hasta otra plaza a varias cuadras del palacio presidencial.
Las protestas se viven en diversas partes del país, y en la mayoría de los casos los manifestantes bloquearon calles, avenidas y autopistas, para hacer escuchar su voz.
Ante las protestas, Moreno decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional para permitir la libre movilización de la ciudadanía afectada por una huelga del transporte público. La medida es una potestad presidencial y puede durar hasta 60 días y luego renovado por 30 más.
Ello implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación.
En una conferencia de prensa Moreno dijo que con la declaración se busca "afrontar un momento especial por los focos de violencia que se han creado por grupos consabidos que pretenden hacer daño y desestabilizar al gobierno constituido".
En tanto, cientos de estudiantes universitarios se lanzaron a las calles de Quito para rechazar el paquete económico e intentaron llegar a la sede del gobierno en el centro histórico, pero unas calles antes fueron bloqueados por la policía con la que protagonizaron enfrentamientos con palos y piedras mientras eran repelidos con gas pimienta.
Con el objetivo de equilibrar sus cuentas fiscales, Moreno decidió esta semana eliminar los subsidios que significaban un gasto de 1.300 millones de dólares anuales, por lo que la gasolina de mayor uso en el país pasó de 0,48 dólares a 0,60 dólares el galón mientras que el diésel subió de 0,27 a 0,60 dólares.
Volquetas y grandes camiones se cruzaron en la carretera Panamericana, los accesos a la capital y otras grandes ciudades mientras taxistas colocaron troncos y llantas quemadas en las principales avenidas para obstaculizar el tráfico y atacaron con palos y piedras a sus compañeros que habían decidido trabajar.
Importante paquete de medidas económicas
Moreno, que asumió en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía nacional.
El mandatario argumentó que estas reformas son necesarias para enfrentar la complicada situación económica, afectada por un alto endeudamiento público de unos 64.000 millones de dólares y un sostenido déficit fiscal de 10.000 millones de dólares anuales.
“Vamos a enviar un conjunto de leyes, entre otras, una que va a proteger la dolarización, y otra que incluye una reforma laboral que beneficiará a los trabajadores y empleadores”, subrayó el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
Entre las medidas más urgentes y que entraron en vigor ayer está la de la eliminación de los subsidios a la gasolina, que según especificó Roldán, en 40 años ese rubro ascendió a más de 60.000 millones de dólares, lo que calificó de “distorsión”. Y avanzó que con la decisión el país contará cada año con al menos 1.400 millones de dólares que se destinarán a vivienda, educación, salud y las personas más necesitadas.
En paralelo, especificó que el gobierno durante tres años recaudará de las empresas con mayores beneficios un 0,1 por ciento a fin de financiar la seguridad.
Pero, sin duda, las medidas que más ampollas y suspicacias han despertado son las del ámbito laboral, entre las que figuran la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, o la aportación de estos de un día de salario al año.
Moreno argumentó la decisión en que “su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública”.
En ese sentido, el titular de Finanzas del país, Richard Martínez, explicó que “en el tema de la masa salarial, la reducción del período de vacaciones no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos”.