El expediente comúnmente conocido como “falsos gestores” que tiene a dos personas detenidas y a otras tres imputadas en la causa, suma un nuevo capítulo donde las partes calificaron la medida de arbitraria.
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El expediente comúnmente conocido como “falsos gestores” que tiene a dos personas detenidas y a otras tres imputadas en la causa, suma un nuevo capítulo donde las partes calificaron la medida de arbitraria.
Es que en las últimas horas se conoció que el juez Rodolfo Miguel Fernández como Juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva para tres de los cinco imputados que hace menos de un mes habían recuperado su libertad, pero ingresaron alrededor de 70 nuevas denuncias en contra de un matrimonio, sindicados según los denunciantes, como los que recaudaban dinero.
Se trata de una de las causas que tiene imputados al empleado del Ministerio Público de la Acusación Manuel, acusado de fraude en perjuicio de alguna administración pública en grado de tentativa, estafa y asociación ilícita y a la militante de un partido político Silvia Cristina Lemir imputada por la supuesta autoría de estafa y asociación ilícita, detenidos.
Además de Silvina Arias (esposa de Farfán) y al matrimonio Rollero Claudio Daniel y Adela María del Valle Millares, coimputados en los hechos que se le endilgan a Lemir fueron las personas que recientemente recuperaron la libertad.
Según supo nuestro diario, en los últimos días ingresaron al Ministerio Público de la Acusación alrededor de 70 nuevas denuncias en contra del matrimonio Rollero Millares, que casualmente son los que fueron beneficiados con el cese de detención.
Esta determinación para los abogados defensores de las otras partes, es una resolución arbitraria, ya que todos llegan en calidad de coimputados y algunos están detenidos y otros no.
Los denunciantes apuntarían directamente al matrimonio Rollero Millares como los racaudadores de un dinero que se le cobró a estas personas, a cambio de una supuesta adjudicación de una vivienda del Ivuj.
Días atrás el fiscal de Ia Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Aldo Lozano, luego de sustanciar las casi 70 denuncias y varios elementos audio visuales donde se los ve aclarando que “todo era un mal entendido” y admitiendo sobre el cobro del dinero en contra de este matrimonio, solicitó al juez Fernández la nueva detención, a lo que el magistrado no dio lugar al pedido.
Sobre el expediente judicial
Estas cinco personas que se hacían pasar por supuestos gestores del Instituto de Viviendas de la Provincia están imputadas por conformar una organización para reclutar a personas a través de reuniones y de grupos de whatsapp y con la promesa de adjudicarles viviendas del Ivuj les cobraba una cantidad de dinero, la que estaba a cargo del matrimonio Rollero Millares, acaso el más comprometido, pero que goza de libertad.
Más de 100 personas prestaron declaración ante el fiscal Aldo Lozano que entiende la causa y la gran mayoría coincidió en el mecanismo que Rollero y Millares habían impuesto en las reuniones, donde además se les cobraba el dinero en concepto de anticipo para “agilizar” la supuesta gestión.