El gobierno interino de Bolivia derogó en la jornada de ayer el polémico decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de las protestas sociales.
inicia sesión o regístrate.
El gobierno interino de Bolivia derogó en la jornada de ayer el polémico decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de las protestas sociales.
Durante las protestas sociales y la represión, más de 30 personas murieron en Bolivia, informaron las autoridades.
La derogación del decreto 4078 fue anunciada por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, quien fundó su decisión en el convencimiento de que se ha logrado la "pacificación" en el país, informó la prensa boliviana.
"Después de una evaluación del gabinete de ministros y una vez que el Gobierno Nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales, y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el DS 4078", dijo Áñez en una declaración en el gubernamental Palacio Quemado.
"Esta determinación -siguió- ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación".
El contenido del decreto había recibido fuertes críticas en medio de la convulsión en la que se hundió Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales fue declarado reelecto en medio de denuncias de fraude de la oposición.
En ese contexto, Morales afrontó protestas sociales, un motín policial y una sugerencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que renuncie, situación en la cual se vio obligado a dimitir y a exiliarse en México.
Áñez se proclamó entonces presidenta interina y enseguida emitió el decreto en cuestión.
"El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", decía el artículo tercero de la norma.
Durante las protestas sociales y la represión, más de 30 personas murieron en Bolivia.
Este decreto se conoció un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado expresidente Evo Morales.
Sin salvoconductos
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, advirtió en la jornada de ayer que los funcionarios del gobierno del expresidente Evo Morales acusados de delitos no obtendrán salvoconductos del gobierno de facto para obtener asilo en México.
"El derecho al asilo es por cuestiones políticas, pero no ampara a acusados de delitos como terrorismo" explicó Longaric ante medios internacionales.
En concreto, la canciller del gobierno de la autoproclamada presidente, Jeanine Áñez, se refirió a la situación del exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana y la extitular de Cultura Wilma Alanoca, ambos reclamados por la justicia boliviana y asilados en la embajada de México en La Paz.
Quintana fue acusado junto a Morales por delitos de "terrorismo y sedición", mientras que Alanoca tiene una orden de arresto por su supuesta relación con explosivos para hacer cócteles molotov encontrados en dependencias de su antiguo ministerio.
Longaric afirmó que el gobierno de Áñez no dará salvoconductos a quienes tengan órdenes de detención y, por ende, tanto Quintana como Alanoca no podrán salir del país.
"Se van a quedar en la residencia de la embajada por mucho tiempo", advirtió la canciller interina, "esta situación puede desembocar en un problema muy grave para ellos e incómodo para nosotros".
Sin embargo, la titular de Exteriores precisó que no contemplan romper relaciones con México, medida que calificó como "extrema".
Además de los refugiados en la embajada mexicana, el Ejecutivo boliviano criticó recientemente al gobierno del país azteca por dejar hacer declaraciones políticas a Morales pese a su condición de asilado.
El exmandatario, que se vio forzado a renunciar a su cargo por un pedido expreso del Ejército, denunció ayer desde México que es perseguido por la Interpol a raíz de la denuncia presentada por el gobierno de Áñez en la Fiscalía en La Paz.
Pese a estos desencuentros, Longaric confió en que esta tensión "va a ir suavizándose".
En la sede diplomática mexicana se encuentran también el exministro de Economía Luis Arce -con salvoconducto-, de Justicia Héctor Arce y de Defensa Javier Zavaleta, todos ellos sin cargos en su contra, detalló la Cancillería.
El gobierno interino de Bolivia solicitó a México entregar a varios ex funcionarios.