El trabajo sucio y menos popular que le esperaba a Alberto Fernández al inicio de su gestión fue asumido por Mauricio Macri desde la misma noche de la elección presidencial, cuando en menos de una semana profundizó el cepo al dólar y autorizó un aumento del cinco por ciento para los combustibles. Ninguna de esas medidas fue celebrada públicamente por el equipo económico del presidente electo, pero tampoco se escuchó cuestionamiento alguno hacia ellas. A confesión de partes relevo de pruebas, dice el refrán.
El futuro presidente le había pedido a Macri durante la campaña electoral básicamente dos cosas, que cuide las reservas del Banco Central y que proteja el valor de la moneda. En un contexto hiper volátil como el que padece la Argentina, esas recomendaciones tienen un solo nombre, y es muy poco feliz: cepo cambiario.
¿Por qué el actual jefe de Estado tomó todas estas medidas ahora y no le dejó el paquete a Fernández para que sea él quien pague el costo político? La respuesta es sencilla: Macri está orgulloso de ser el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde el restablecimiento de la democracia y quiere terminar su gestión con la mayor paz posible. Un descontrol en el dólar y desabastecimiento en las estaciones de servicio afectarían esa estrategia para mejorar su imagen de cara a las elecciones de 2021, donde empieza a sonar fuerte que competiría por una banca de diputado nacional.
A los problemas económicos internos, el nuevo presidente deberá sumarle la extrema tensión que provocó el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien criticó duramente a Alberto Fernández y anticipó que no participaría de su asunción. Las declaraciones del líder carioca preanuncian tiempos muy difíciles con el principal socio comercial de la Argentina. ¿Por qué Bolsonaro rechaza tanto a Fernández? La respuesta estaría lejos de la ideología y muy cerca de la política: el respaldo del argentino a Lula Da Silva, quien está preso por una decisión del juez Moro, actual ministro de Justicia de Brasil.
Con la clara intención de no generar falsas expectativas en la sociedad, Alberto Fernández se niega a hablar de plazos concretos para el crecimiento de la economía, no estima metas de inflación para el próximo año ni tampoco pronostica cuándo comenzará a bajar la pobreza y el desempleo en Argentina. La decisión, desde ya, no es para nada ingenua: según todos los economistas, 2020 será un año tan difícil como 2019, y la suba de precios tendrá un resbaloso piso del cuarenta por ciento.
Está claro que el presidente electo está decidido a no dilapidar capital político en promesas que no sabe si podrá cumplir. La estrategia contrasta diametralmente con la aplicada por Mauricio Macri al inicio de su mandato, quien auguró pobreza cero, inflación fácil de reducir y recuperación de la actividad en el segundo semestre de 2016. Nada de eso sucedió.
Alberto Fernández sabe que deberá tomar de forma urgente medidas que requerirán de jugosos fondos públicos si espera encender la rueda del consumo y la producción en la Argentina. Teniendo en cuenta que el país tiene cerrado el crédito internacional, que las reservas son escasas, que el precio de la soja sigue bajo y que se vienen fuertes vencimientos de la deuda, el gran interrogante es de dónde saldrá la plata para financiar los primeros cien días de gestión, claves en la generación de poder político de todo nuevo mandatario.
La apuesta para conseguir esos recursos sería una rápida renegociación de la deuda que estire seriamente los plazos de pago, un aumento de la recaudación vía mayor consumo y una suba de las exportaciones aprovechando un dólar por encima de los 63 pesos. Además, los mercados descuentan que se vendrá un endurecimiento en el control de las importaciones para evitar que la industria nacional siga deteriorándose severamente como hasta ahora.
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El trabajo sucio y menos popular que le esperaba a Alberto Fernández al inicio de su gestión fue asumido por Mauricio Macri desde la misma noche de la elección presidencial, cuando en menos de una semana profundizó el cepo al dólar y autorizó un aumento del cinco por ciento para los combustibles. Ninguna de esas medidas fue celebrada públicamente por el equipo económico del presidente electo, pero tampoco se escuchó cuestionamiento alguno hacia ellas. A confesión de partes relevo de pruebas, dice el refrán.
El futuro presidente le había pedido a Macri durante la campaña electoral básicamente dos cosas, que cuide las reservas del Banco Central y que proteja el valor de la moneda. En un contexto hiper volátil como el que padece la Argentina, esas recomendaciones tienen un solo nombre, y es muy poco feliz: cepo cambiario.
¿Por qué el actual jefe de Estado tomó todas estas medidas ahora y no le dejó el paquete a Fernández para que sea él quien pague el costo político? La respuesta es sencilla: Macri está orgulloso de ser el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde el restablecimiento de la democracia y quiere terminar su gestión con la mayor paz posible. Un descontrol en el dólar y desabastecimiento en las estaciones de servicio afectarían esa estrategia para mejorar su imagen de cara a las elecciones de 2021, donde empieza a sonar fuerte que competiría por una banca de diputado nacional.
A los problemas económicos internos, el nuevo presidente deberá sumarle la extrema tensión que provocó el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien criticó duramente a Alberto Fernández y anticipó que no participaría de su asunción. Las declaraciones del líder carioca preanuncian tiempos muy difíciles con el principal socio comercial de la Argentina. ¿Por qué Bolsonaro rechaza tanto a Fernández? La respuesta estaría lejos de la ideología y muy cerca de la política: el respaldo del argentino a Lula Da Silva, quien está preso por una decisión del juez Moro, actual ministro de Justicia de Brasil.
Con la clara intención de no generar falsas expectativas en la sociedad, Alberto Fernández se niega a hablar de plazos concretos para el crecimiento de la economía, no estima metas de inflación para el próximo año ni tampoco pronostica cuándo comenzará a bajar la pobreza y el desempleo en Argentina. La decisión, desde ya, no es para nada ingenua: según todos los economistas, 2020 será un año tan difícil como 2019, y la suba de precios tendrá un resbaloso piso del cuarenta por ciento.
Está claro que el presidente electo está decidido a no dilapidar capital político en promesas que no sabe si podrá cumplir. La estrategia contrasta diametralmente con la aplicada por Mauricio Macri al inicio de su mandato, quien auguró pobreza cero, inflación fácil de reducir y recuperación de la actividad en el segundo semestre de 2016. Nada de eso sucedió.
Alberto Fernández sabe que deberá tomar de forma urgente medidas que requerirán de jugosos fondos públicos si espera encender la rueda del consumo y la producción en la Argentina. Teniendo en cuenta que el país tiene cerrado el crédito internacional, que las reservas son escasas, que el precio de la soja sigue bajo y que se vienen fuertes vencimientos de la deuda, el gran interrogante es de dónde saldrá la plata para financiar los primeros cien días de gestión, claves en la generación de poder político de todo nuevo mandatario.
La apuesta para conseguir esos recursos sería una rápida renegociación de la deuda que estire seriamente los plazos de pago, un aumento de la recaudación vía mayor consumo y una suba de las exportaciones aprovechando un dólar por encima de los 63 pesos. Además, los mercados descuentan que se vendrá un endurecimiento en el control de las importaciones para evitar que la industria nacional siga deteriorándose severamente como hasta ahora.
El escenario
El proceso de construcción del “albertismo” se inició la misma noche del triunfo electoral, cuando el exjefe de Gabinete optó por un discurso mucho más moderado que el de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quienes optaron por seguir agrandando la grieta con Macri. De hecho, sólo diez horas después de esas duras críticas al Presidente, Alberto y Macri se reunieron en la Casa Rosada en muy buenos términos para comenzar la transición.
La foto con los gobernadores peronistas en Tucumán, sin la expresidenta ni el gobernador bonaerense electo, fue la segunda gran señal de diferenciación de Alberto Fernández. El escenario elegido para esa demostración de fuerza no fue para nada casual, ya que el mandatario Juan Manzur es uno de los principales armadores políticos de Alberto y uno de los mayores detractores internos del liderazgo de Cristina.
“El mensaje era obvio: mostrar que la base de sustentación política del próximo presidente será el peronismo tradicional y no el kirchnerismo radicalizado”, señaló ayer a El Tribuno un importante legislador justicialista que pidió reserva de su identidad.
La tercera pata en la consolidación de una estructura política propia, y quizás la más importante de todas, se conocerá a fines de este mes cuando Alberto difunda quiénes integrarán su Gabinete. De los nombres que trascendieron hasta ahora, que fueron muchos, sólo “Wado” De Pedro pertenecería al riñón de Cristina, lo que sin lugar a dudas representa un fuerte mensaje hacia la interna del Frente de Todos y también hacia los mercados financieros, quiénes siguen desconfiando de la injerencia real que tendrá la expresidenta desde el próximo 10 de diciembre.